Acudió a comparecer por fraude y lavado, pero la PGR tenía una orden más de aprehensión

 

Por Iván Flores Mejía

Guillermo Padrés Elías, ex gobernador de Sonora, fue aprehendido por elementos de la PGR por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).

Su hijo, Guillermo Padrés Dagnino, también fue detenido por los mismos delitos; ambas órdenes de aprehensión fueron libradas por el juez cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales del Edomex.

Sin embargo, el ex gobernador fue ingresado al Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, debido a un amparo que tramitó para evitar ser trasladado a un penal federal, por lo que quedó a disposición del juez 12 de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México. Por la mañana, Padrés asistió a Grupo Radio Fórmula, al noticiario radiofónico de Ciro Gómez Leyva, donde afirmó que se presentaría ante un juez en el Reclusorio Oriente para comparecer por los cargos de defraudación fiscal equiparada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Al salir de las instalaciones de dicha estación, ubicadas en Avenida Universidad, una patrulla de la Marina y un agente federal lo acompañaron hasta los juzgados.

Luego de comparecer ante el impartidor de justicia, protegido con un amparo para evitar ser detenido por esa causa penal, se disponía a dejar los juzgados cuando fue interceptado por elementos de la PGR que lo detuvieron por otra causa penal, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, toda vez que la dependencia lo acusa de transferir recursos del extranjero, producto de actividades supuestamente ilícitas, al territorio nacional, sin que hayan sido declarados en su declaración fiscal de 2015, por un monto de 8.8 millones de dólares.

En las inmediaciones de los juzgados, su hijo esperaba al ex gobernador para abandonar el lugar, pero también fue aprehendido.

El titular de la Unidad Especializada de Análisis Financiero, Crisógomo de Jesús, indicó que se documentó una licitación irregular por 260 mdp en la que involucró a su hijo.

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