Rafael Moreno Valle no descartó que aún haya más detenciones de ex funcionarios que laboraron en la gestión de Mario Marín Torres; investigaciones han tenido seguimiento desde 2011
Por Mario Galeana
La detención de Francisco Castillo Montemayor soltó los demonios del pasado entre el marinismo. A dos meses y medio del término de su gobierno, Rafael Moreno Valle reveló que existen procesos abiertos en contra de ex funcionarios de la administración encabezada por Mario Marín Torres.
El mandatario no descartó que existan nuevas aprehensiones en contra de ex servidores públicos, aunque acotó que esto dependerá de las investigaciones que realice la Fiscalía General del Estado (FGE) y su titular Víctor Carrancá Bourget.
Las pesquisas en contra del marinismo, que parecía haber librado el sexenio actual, han tomado tiempo. El gobernador de Puebla reconoció que, en algunos casos, las denuncias fueron presentadas desde 2011, al comienzo de su gestión.
Entre estos personajes, por ejemplo, se encuentra el ex secretario de Obras Públicas de Marín Torres, Javier García Ramírez, señalado por presuntos actos de enriquecimiento ilícito que, según Moreno Valle, fueron detectados desde el proceso de entrega-recepción entre su administración y la del último gobernador priista de Puebla.
“Son denuncias que se han presentado desde el inicio de mi administración. Se fueron recabando los documentos como parte de la entrega-recepción, y se fueron presentando las denuncias; obviamente, algunas toman tiempo para poder concretarse. Son asuntos complicados, pero yo no tendría el detalle (de los procesos)”, dijo ayer, en entrevista.
“No puedo dar el dato exacto (sobre cuántas denuncias han sido interpuestas), pero sí hay procesos abiertos, eso te lo podría anticipar”, declaró.
—¿Podría haber nuevas aprehensiones? —inquirió la prensa.
—Eso dependerá del fiscal —afirmó Moreno Valle.
Durante la entrevista, el gobernador de Puebla evitó abundar sobre el supuesto mal manejo de más de 39 millones de pesos provenientes de recursos públicos que realizó Castillo Montemayor durante su paso como secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pues afirmó que es competencia de la Fiscalía abundar en los detalles de la investigación.
Los marinistas perseguidos
Con el de Francisco Montemayor, son ya tres los ex funcionarios marinistas de primer nivel de gobierno que enfrentan procesos frente a las autoridades de justicia del estado.
El caso más emblemático es el de Javier García Ramírez, contra quien se emitió una orden de aprehensión desde enero de 2012 y, desde entonces, se encuentra prófugo.
Al frente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública, el ex funcionario estatal percibía un sueldo de 93 mil 418 pesos mensuales, pero su fortuna, que asciende a por lo menos 32 propiedades, es calculada en 23 millones de pesos.
El segundo expediente es el de José Alfredo Arango García, ex secretario de Salud que fue detenido por el delito de enriquecimiento ilícito de más de 54 millones de pesos.
Versiones periodísticas indican que Arango García pagó una multa millonaria para salir de la cárcel, aunque a finales de julio pasado el Congreso de Puebla aprobó una sanción económica en su contra por casi 20 mil millones de pesos y una inhabilitación por 12 años de cualquier cargo público.
Habla PRI de una “venganza política”
El Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) solicitó a las autoridades de administración y procuración de justicia en el estado seguir conforme a proceso el caso de Francisco Castillo Montemayor, y no aplicar una “venganza política”.
A través de un comunicado, el PRI en Puebla dijo que “resulta sospechoso” que la Fiscalía General del Estado (FGE) haya ejercido acción penal en contra del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el sexenio de Mario Marín Torres, después de que había realizado “una serie de observaciones al gobierno del estado por atentar contra la flora y fauna del Parque Flor del Bosque”.
“El Comité Directivo Estatal del PRI exige que el proceso que se le sigue al ex secretario se apegue a total legalidad, con respecto a sus derechos humanos y no sea una venganza política por sus observaciones sobre la mencionada reserva ecológica”, indica el posicionamiento.
La dirigencia estatal priista evitó fijar postura sobre el delito de peculado que el ex funcionario marinista presuntamente cometió en 2008, al “realizar un mal manejo de recursos públicos por más de 39 millones 275 mil pesos, al realizar movimientos ilícitos ante la supuesta adquisición de equipo para tratar basura y que se destinaría a 11 municipios”, según información de la FGE.
El tricolor dijo que no se tolerará “ningún acto que perjudique a la sociedad poblana”, pero tampoco permitirá “el abuso del poder como garrote político”.
“El proceder del PRI siempre se ha apegado al Estado de Derecho (…) por tal motivo, si alguien cometió alguna falta, debe de responder ante las autoridades correspondientes bajo el principio de presunción de inocencia (sic)”, indica el comunicado.
En tanto, el presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia en el Congreso local, José Gaudencio Víctor León Castañeda, rechazó tintes políticos en la detención de Castillo Montemayor.
Dijo que, prueba de ello, es que las pesquisas de la FGE llevaron más de cinco años y, por ende, no se trata de una persecución política encabezada por el gobernador Rafael Moreno Valle en contra de los funcionarios de la administración estatal pasada.
“Está fuera de contexto. (La persecución) se habría dado al inicio de la administración, y estamos, en realidad, a dos meses y medio de que termine la administración del gobernador. No hay elementos para que pudiera argumentarse que se trata de una persecución política”, sostuvo.