El ex presidente municipal tiene 15 días, a partir de que la Auditoría Superior le notifique el proceso, para solventar el presunto daño patrimonial de su tercer año de gobierno
Por Mario Galeana
La carta para la gubernatura en el 2018 de la apocada Organización Nacional de El Yunque, Eduardo Rivera Pérez, enfrenta acusaciones por un desfalco millonario que ponen en duda la imagen de servidor público íntegro con la que ha venido impulsando sus aspiraciones.
La Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado (ASE) del Congreso local detectó un presunto daño patrimonial por 411 millones 600 mil pesos en el tercer año de gobierno municipal del hombre sobre el que Margarita Zavala de Calderón fincó sus esperanzas para fortalecer su presencia en Puebla en la contienda interna presidencial del PAN.
El informe de la Comisión Inspectora indica que los auditores locales detectaron irregularidades por falta de comprobación el ejercicio de los recursos, procesos de licitación que no reunían los ordenamientos contenidos en la ley e, incluso, falta de pago de proveedores del Ayuntamiento de Puebla.
Por ello, por 26 votos a favor, nueve en contra y una abstención, los diputados locales aprobaron que se inicie un procedimiento administrativo para fincar responsabilidades en contra de la última cara visible de El Yunque en Puebla.
El promotor de la asociación Yo con México, que es dirigida por la esposa del presidente Felipe Calderón, halló cobijo entre la bancada del PRD y el diputado panista Pablo Montiel Solana, el único yunquista con curul en el Congreso local.
Tras excusarse de participar en la votación, desde tribuna Montiel Solana dijo que la revisión de la cuenta pública del año 2013 de la administración municipal de Rivera Pérez y el inicio de procedimiento son “infundados e inconstitucionales”, pues, al tratarse del uso de recursos federales, el análisis y la posible sanción debió correr a cargo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Por su parte, la diputada perredista Socorro Quezada Tiempo declaró que hay un “ánimo persecutorio en contra de quienes piensan diferente” en el estado, y calificó al Congreso de Puebla como “la nueva Santa Inquisición”.
Irregularidades en obra pública
Sin embargo, diputados por el PRI y el PAN negaron las acusaciones de El Yunque y parte de la fracción perredista.
La presidenta y el secretario de la Comisión Inspectora, la panista Patricia Leal Islas y el priista Rosalío Zanatta Vidaurri, descartaron motivos políticos en el inicio del procedimiento administrativo y arguyeron que Rivera Pérez no ha podido solventar las irregularidades financieras detectadas en su mandato.
Incluso, Zanatta Vidaurri explicó que los auditores del estado hicieron observaciones “administrativas, de obra y de todo tipo” a la cuenta pública del ex presidente municipal (2011-2014).
“Yo le doy mi voto de confianza a la Auditoría en el estado. Si este fuera un tema político, ya se le habrían fincado responsabilidades”, expuso el diputado priista por el distrito de Ajalpan.
A partir de que la ASE notifique a Rivera Pérez el inicio del procedimiento administrativo, el yunquista tendrá 15 días para intentar solventar el presunto daño patrimonial de más de 411 millones de pesos.
Voltea la tortilla para sacar oportunidad electoral
Eduardo Rivera Pérez intentó convertir las sospechas de corrupción durante su gobierno municipal en un asidero político a favor de Margarita Zavala, tras los desastrosos resultados que obtuvo en la postulación de integrantes del Consejo Nacional del PAN, órgano decisivo en la contienda interna rumbo a 2018.
Sin aclarar el posible desfalco de 411 millones de pesos durante su tercer año al frente del Ayuntamiento de Puebla, en 2013, el ex alcalde se dijo objeto de una “persecución política” por parte del gobernador Rafael Moreno Valle.
La proclama sirvió para que, desde Twitter, la ex esposa de Felipe Calderón, acompañada de una oleada de senadores y diputados federales que impulsan su candidatura a Los Pinos en 2018, solicitara la intervención del presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, para “frenar el atropello” en contra del ex alcalde.
“La venganza no debe tener lugar en el PAN”, escribió la aspirante a candidata que quedó sin una representación significativa entre los 300 consejeros nacionales de ese partido, mientras una oleada de cuentas falsas hacía tendencia global el hashtag #YoSoyLaloRivera.
A la defensa de 140 caracteres a favor del ex alcalde se agregaron también la ex candidata a Los Pinos en 2012, Josefina Vázquez Mota; Juan Romero Hicks, senador por Guanajuato; la diputada federal Cecilia Romero y el secretario de Comunicación Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN y, por tanto, identificado con Anaya Cortés, Fernandro Rodríguez Doval.
Fuera de los límites de la red del pájaro azul, Rivera Pérez se dijo un perseguido político y un “obstáculo” para el proyecto político de Moreno Valle y sus aliados.
El ex alcalde caminó sonriente hacia el Zócalo de Puebla, hasta los camarógrafos que, con ironía, lo llamaban “gobernador”. Y la sonrisa fue diluyéndose en gesto brusco, sombrío, mientras arrancaba un improvisado discurso papel en mano.
A sus espaldas cuchicheaban, serios, los pocos yunquistas que poseen un cargo público: los regidores Miguel Méndez, Guadalupe Arrubarena, Juan Carlos Espina y el diputado local Pablo Montiel Solana.
Menos de 15 minutos antes, el Congreso de Puebla había aprobado el inicio de un procedimiento administrativo por un posible desfalco de 411 millones de pesos casi increíble. Increíble porque, al interior de la Comisión Inspectora, no entendían cómo es que Rivera Pérez había omitido cumplir debidamente con procesos de licitación, comprobar destino de recursos e, incluso, cumplir con adeudos de proveedores del Ayuntamiento.
“Yo no sé si no contaba con ayuda de algún auditor externo, o si la persona que le ayudaba era muy malo, porque tiene observaciones por todo”, soltó en los pasillos del Congreso local el priista Rosalío Zanatta Vidaurri.
Pero, sobre las irregularidades detectadas, Rivera Pérez poco dijo. Optó por pintar el procedimiento administrativo como un caso político.
“La preferencia de las encuestas y la opinión pública son favorables a mi persona”, dijo. A sus espaldas, su esposa, Liliana Ortiz, hacía un esfuerzo por intentar sonreír a las cámaras.
“¡Qué curioso que viene Margarita Zavala hace unas semanas, organizamos un evento exitoso para la asociación Yo con México, e inmediatamente viene esta persecución en mi contra”, agregó el alcalde.
La gente se reunía en torno a las cámaras, intentando hallar en la memoria el rostro del hombre acechado por los medios. La mayoría de los curiosos seguían de largo.
“Hasta este momento no he dicho una decisión de participar en algún cargo. Pero en un futuro definiré mi aspiración política”, pronunció.
Y así, Rivera Pérez intentó convertir las sospechas de corrupción durante su gobierno municipal en un asidero político para sí y para Margarita Zavala.
Lo defiende consorcio universitario
El Consorcio Universitario, integrado por los rectores de las universidades Anáhuac, Madero, Udlap, UPAEP, Iberoamericana de Puebla y el Tecnológico de Monterrey, asumió también la defensa del ex alcalde Eduardo Rivera Pérez y calificaron como “impecable” su trayectoria política.
“Manifestamos nuestra sorpresa y rechazo ante el veredicto negativo votado en su contra. Lo hacemos en validación a la calidad personal y profesional y sobre todo a la rectitud y la transparencia con la que siempre se ha conducido a lo largo de su ejercicio político”, indicaron a través de un comunicado emitido ayer.
“Expresamos nuestra preocupación por el proceso y sus posibles consecuencias, a todas luces en contraveniencia de la calidad de la persona, cuya administración ha sido juzgada en sentido negativo”, añaden.