Por Guadalupe Juárez
El gobernador Rafael Moreno Valle dio a conocer que envió una serie de oficios a los 217 alcaldes para que den de baja a policías que no hayan aprobado los exámenes de confianza y apliquen pruebas a directores de las corporaciones aún sin evaluar.
“He enviado copia al Congreso del estado, tanto a la presidenta de la Mesa Directiva (Silvia Tanús Osorio) como al presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, (Jorge Aguilar Chedraui). El objetivo es generar una presión muy fuerte, exigir que se cumpla la ley y ver qué opciones tenemos de sanciones para presidentas y presidentes que no están haciendo lo que les corresponde en materia de seguridad”, aseveró en entrevista tras inaugurar la rehabilitación de la Casa de Alfeñique.
Sin adelantar qué municipios son los que no han cumplido con esta disposición, señaló que hay demarcaciones donde los directores de seguridad no reprobaron las pruebas de control y confianza, sino que no los presentaron y aun así están en funciones, por lo cual dio de plazo fin de año para regular la situación o bien aplicar sanciones que actualmente evalúan con la Contraloría.
En municipios que se encuentran en las zonas donde se presenta el mayor número de tomas clandestinas en ductos de Pemex, en diferentes ocasiones funcionarios municipales han confiado que optaron por mantener a policías sin evaluar debido a las amenazas de bandas criminales, por lo que los reclutamientos se complican, pues los jóvenes en la actualidad no quieren trabajar en el área por el riesgo que ello implica.
De acuerdo con la asociación Causa Común, con corte al 31 de julio de 2015, en Puebla hay 141 mandos y operativos en activo del ámbito estatal y municipal que no aprobaron las pruebas en mención.
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública obliga desde 2009 a los integrantes de las instituciones policiales a someterse a evaluaciones periódicas para comprobar que tienen el perfil adecuado y el proceso de certificación para garantizar servicio de calidad.
También confirmó que con un fondo de 30 millones de pesos contrató seguridad privada para resguardar espacios públicos y gubernamentales, mientras que a 500 policías auxiliares que cumplían esta función les asignaron tareas para reforzar la vigilancia del estado, lo cual se mantendrá hasta el final de su sexenio.