Por Mario Galeana
La trágica muerte de José Luis Tehuatlie Tamayo se convirtió, por años, en asidero de políticos izquierdistas, priistas, independientes y hasta panistas.
El lucro político por la tragedia de San Bernardino Chalchihuapan fue seductor para casi todos: desde Roxana Luna Porquillo y los líderes de la corriente perredista Alternativa Democrática Nacional (ADN), hasta el hoy aspirante a candidato a la gubernatura por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), José Juan Espinosa Torres.
Desde la ex candidata priista Blanca Alcalá Ruiz, hasta el ex dirigente panista Rafael Micalco Méndez y la ex aspirante independiente Ana Teresa Aranda Orozco.
Desde el Movimiento Alternativa Social (MAS), identificado con el subsecretario Juan Carlos Lastiri Quirós, hasta el jefe delegacional de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila.
Sí. El lucro político por la tragedia de Chalchihuapan fue seductor para casi todos. Los políticos buscaron con prisa fotografiarse junto a Elia Tamayo, la madre del menor, y, con la misma rapidez, desaparecieron.
Roxana, vetada de Chalchihuapan
Tras el enfrentamiento entre pobladores de esta junta auxiliar y policías estatales, el 9 de julio de 2014, la ex diputada federal Roxana Luna Porquillo fue la primera política poblana en utilizar la muerte de José Luis con fines políticos.
Apoyada por el líder de ADN, Héctor Bautista, la perredista clamó una y otra vez justicia por Chalchihuapan, hasta que Elia Tamayo y el resto de los pobladores de la junta auxiliar la vetaron del caso y de la localidad.
Acusaron a la diputada federal de entregar a las autoridades al ex edil auxiliar de Chalchihuapan, Javier Montes Bautista, quien fue acusado por los delitos de motín, tentativa de homicidio y daño en las vías de comunicación.
Tras cientos de declaraciones en medios y reclamos desde la tribuna legislativa, hoy Luna Porquillo no puede, siquiera, dar una declaración sobre el caso.
Priistas ante la tragedia
A través del MAS, el PRI también hundió los dedos en la tragedia de Chalchihuapan. Bajo la consigna de ser una organización ciudadana, el MAS realizaba en 2014, casi a diario, conferencias de prensa donde exigían un juicio político en contra del gobernador Rafael Moreno Valle.
Según versiones periodísticas, el MAS es financiado por el subsecretario federal Juan Carlos Lastiri, y sus integrantes poseen nexos con el PRI.
Marco Mazatle, uno de ellos, fue candidato a regidor en la planilla del tricolor Enrique Agüera Ibáñez, además de que en 2013 reconoció tener vínculos con operadores priistas que realizaron marchas en contra del hoy gobernador electo José Antonio Gali Fayad.
Tras el MAS, la ex candidata Blanca Alcalá Ruiz utilizó el caso Chalchihuapan como posible trampolín electoral. Sin haber realizado ningún posicionamiento hasta entonces, la senadora priista se reunió en mayo de este año, en plena campaña electoral, con Elia Tamayo. Ese ha sido, hasta hoy, el único encuentro público entre Alcalá Ruiz y la madre del menor.
Panistas e independientes: visita única a Chalchihuapan
Moreno Valle encontró golpeteo político por la falla más grave de su sexenio incluso dentro del PAN. En 2014, el entonces dirigente estatal blanquiazul, Rafael Micalco Méndez, dijo que la muerte del menor causaría impacto en “la marca PAN”.
Pero su indignación –no electoral– llegó hasta un año después, en julio de 2015. Cuando el grupo morenovallista perfilaba su salida de la dirigencia estatal, Micalco Méndez visitó Chalchihuapan “a petición de los pobladores”, según dijo. Esa fue la única visita que realizó a la junta auxiliar.
Ana Teresa Aranda Orozco, una política que renunció a su larga militancia en el PAN sólo para buscar la gubernatura de Puebla, se reunió con Elia Tamayo en mayo de este año, es decir, mientras buscaba posicionamiento entre la ciudadanía de cara a los comicios del 5 de junio pasado.
Pejistas al ruedo
El ex militante de Convergencia y hoy aspirante al gobierno del estado por Morena, José Juan Espinosa Torres, encontró también en el caso Chalchihuapan un bastión para golpetear mediáticamente a la administración estatal.
En 2014, cuando ocurrió el enfrentamiento, Espinosa Torres evitó realizar mención de la tragedia, pero, un año después, cuando rompió lazos con el gobierno del estado, el alcalde cholulteca sumó a sus funcionarios municipales y operadores a mitines donde se exigía justicia por la muerte del menor.
En julio de 2015, cuando emprendió la ofensiva hacia el gobierno, una tragedia similar empañó su gobierno: un joven fue asesinado de un disparo por el jefe de Seguridad Pública de San Pedro Cholula y, al respecto, Espinosa Torres sólo se limitó a decir que la tragedia era distinta a lo ocurrido en Chalchihuapan.
Ricardo Monreal Ávila, jefe de la delegación Cuauhtémoc y padrino político de Espinosa Torres, también se sumó al golpeteo tras comparar, desde la tribuna de San Lázaro, el caso Chalchihuapan con la desaparición de los 43 normalistas, en Iguala, Guerrero; y la ejecución extrajudicial de 22 personas, ocurrida en Tlatlaya.