De acuerdo con el IMCO, pese a los recursos emitidos para el Sistema de Justicia Penal, los logros de la entidad en el tema son insuficientes
Por Guadalupe Juárez
A pesar de ser una de las entidades que más recursos ha recibido para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal, Puebla sólo logró un avance “medio alto”, ya que en los últimos años ha aumentado la percepción de inseguridad, aunque la tasa de homicidios disminuyó.
Las principales deficiencias son la operación del sistema de justicia y temas de infraestructura, según detalló un informe del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
La entidad poblana recibió entre 2012 y 2016 recursos federales por 140 millones 995 mil 708.41 pesos y estatales por 387 millones 506 mil pesos, es decir, 40% más al promedio nacional.
Sin embargo entre las entidades con mejor nivel de implementación –óptimo, de acuerdo con la escala del Imco– figura Chihuahua, con el primer lugar, ya que desde 2014 mantiene ese nivel y recibió menos recursos en comparación con Puebla, tan sólo en recursos federales obtuvo 139 millones 715 mil 975 pesos y en 102 millones 419 mil 672 pesos estatales.
También Coahuila tiene una mejor calificación, a pesar de haber recibido sólo 94 millones 994 mil 313 pesos de recursos federales, mientras que estatales contó con 60 millones 213 mil 410 pesos.
Por su parte, Nuevo León recibió de la Federación 127 millones 827 mil 525.25 pesos y un presupuesto estatal de 45 millones 130 mil 439 pesos, también menor al de Puebla, pero obtuvo mejores resultados, de acuerdo con el análisis.
Algo similar ocurre en el caso de Yucatán, estado que mantiene un estatus óptimo en la implementación del sistema de justicia penal, pero que de igual forma recibió menos recursos que la entidad poblana, al percibir de 2012 a 2016, 108 millones 347 mil pesos y estatales 503 millones 502 mil 637 pesos.
El Imco recomienda que para mejorar en los resultados, los gobiernos locales deben de asegurarse de que los operadores de norma, es decir, los servidores públicos se encarguen de la construcción de lazos de confianza entre las instituciones y ciudadanos, ya que estos desconfían de los responsables de las labores de seguridad pública, nacional, procuración e impartición de justicia.
Lo anterior ya que en una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicado en 2015, los ciudadanos revelaron su desconfianza en elementos de la Marina, Ejército, Policía Federal, Procuraduría General de la República, jueces, Policía estatal, ministerial o judicial, Ministerio Público y procuradurías, Policía Preventiva Municipal y en los agentes de tránsito.