Por Guadalupe Juárez
El secretario General de Gobierno (SGG), Diódoro Carrasco Altamirano, rechazó que haya presionado a Elia Tamayo, madre de José Luis Tehuatlie –quien falleciera en el enfrentamiento entre Policía Estatal y pobladores de San Bernardino Chalchihuapan– para recibir la compensación económica, como ella denunció.
“Niego, rotundamente, que hubiera habido algún tipo de presión. La señora estaba en la libertad de retirar o no el recurso; la señora decidió hacerlo y me da gusto que lo haya hecho, punto”, señaló acerca del millón y medio de pesos como reparación del daño que entregó el gobierno del estado por instrucción de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El miércoles pasado, Elia Tamayo denunció que la presionaron para aceptar la compensación a cambio de la libertad del ex edil auxiliar de San Bernardino, Javier Montes, por lo que ella accedió.
También expresó que para ella no se ha hecho justicia por la muerte de su hijo de 13 años a manos de la Policía Estatal, por lo que aseguró que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
No obstante, Diódoro Carrasco Altamirano reviró que “la única autoridad competente para determinar si se ha cumplido o no las recomendaciones de los derechos humanos, pues es la CNDH la única que va a decir: ‘oigan, se cumplió o se cumplió parcialmente’, no es el gobierno del estado ni son los agraviados ni los medios”.
El funcionario explicó que la administración estatal dio por culminado el caso desde el momento de que la agraviada retiró la cantidad que le fue depositada y esperarán al informe que dicte la CNDH.
El titular de la SGG indicó que el gobierno estatal se ha dedicado a cumplir y atender de manera escrupulosa las recomendaciones emitidas por la CNDH en torno a los hechos del 9 de julio de 2014, fecha en la que tras una manifestación donde exigían el regreso del registro civil a las juntas auxiliares y obstruir la carretera federal Puebla-Atlixco, elementos estatales encabezaron un desalojo violento en contra de los pobladores.
Por lo anterior, la CNDH emitió una serie de recomendaciones al gobierno estatal, después de determinar que los sucesos en esa ocasión violaron garantías individuales de las personas lesionadas por elementos policiales, entre las que se encontraba una disculpa pública y una reparación del daño, la cual fue fijada por el organismo.