La edil habría exigido a trabajadores del Ayuntamiento una “cuota” de manifestantes
Por Mario Galeana
Con un amparo obtenido, pero sin solventar las 66 irregularidades financieras detectadas en su gobierno, la alcaldesa Ernestina Fernández Méndez pretende sortear el proceso de destitución en su contra rodeada de abogados y con marchas repletas de acarreados.
A los 1.4 millones de pesos que la edil de Tehuacán solicitó del erario municipal para costear su defensa legal, y que ya se han traducido en una suspensión provisional otorgada por un juzgado federal, se sumará una protesta a la que los empleados no sindicalizados del Ayuntamiento serían obligados a acudir.
Trabajadores de distintas áreas del gobierno municipal revelaron, bajo anonimato, que cada empleado del Ayuntamiento deberá reunir también a por lo menos 20 personas, que serían acarreadas desde Tehuacán hasta la capital del estado para manifestarse en contra del proceso de destitución de la alcaldesa que el Congreso de Puebla aprobó en diciembre pasado.
La protesta se realizará el próximo domingo, día en que el gobernador Rafael Moreno Valle presentará su sexto y último informe de resultados, desde San José Chiapa.
El domingo pasado, Fernández Méndez obligó también a los empleados del Ayuntamiento a reunir a cinco personas cada uno en una caravana motorizada que recorrió el municipio, como forma de apoyo a su gestión municipal.
La manifestación del próximo 15 de enero se gesta mientras Fernández Méndez gana terreno ante los tribunales. Ayer, en conferencia de prensa, el síndico Miguel Ángel Romero Calderón dio a conocer que el Segundo Tribunal en materia administrativa del Sexto Circuito concedió a la alcaldesa priista la suspensión provisional sobre el proceso de destitución en su contra.
El próximo 20 de enero la alcaldesa de Tehuacán deberá acudir a comparecer por el proceso de amparo, donde se determinará si el procedimiento de destitución en su contra deberá ser repuesto en su totalidad.
Según Romero Calderón, el amparo contenido dentro del proceso 9/2017 fue concedido después de que los tribunales federales validaran que la presidenta municipal no fue notificada en tiempo y forma por el Congreso del estado sobre las irregularidades financieras detectadas en su gestión.
El proceso de destitución, inédito en la historia reciente de Puebla, inició cuando la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado (ASE) fincó a la alcaldesa priista un daño patrimonial por 76 millones 289 mil 516 pesos y una sanción económica por 152 millones 579 mil pesos, las cuales suman un total de 228 millones 868 mil pesos, debido a anomalías detectadas en su primer año de gobierno.
De acuerdo con la presidenta de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, Patricia Leal Islas, explicó que Fernández fue citada a una audiencia de pruebas el 7 de octubre pasado para solventar las 66 irregularidades detectadas, pero no acudió.
