La serie de recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos fueron satisfechas, afirma en su informe 2016
Por Mario Galeana
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reconoció públicamente que el gobierno de Puebla ha dado cumplimiento total a la recomendación emitida por el caso Chalchihuapan.
En su informe de actividades 2016, el órgano nacional declaró “concluida” y “aceptada, con pruebas de cumplimiento total” la serie de medidas que emitió por el enfrentamiento entre policías estatales y pobladores de la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, el 9 de julio de 2014.
A principios de este año, la CNDH dirigió escritos a medios de comunicación para informarles sobre el estado de la recomendación dirigida al gobierno de Puebla.
Por el enfrentamiento que dejó como saldo la muerte de un menor de edad, la administración estatal ejerció acción penal en contra de 16 servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ), “en cuyos casos se emitieron las sentencias correspondientes, mismas que se encuentran firmes”, de acuerdo con el órgano nacional.
En noviembre del año pasado, la administración estatal indemnizó a Elia Tamayo, madre del menor que resultó muerto como resultado del enfrentamiento entre pobladores y uniformados.
Las recomendaciones por violaciones a los derechos humanos no han sido ajenas a los gobiernos estatales de las dos últimas décadas.
En su informe 2016, la CNDH apunta que Puebla es el quinto a nivel nacional con mayor número de expedientes por casos de violaciones cometidas por autoridades municipales entre 1990 y 2016.
Según la instancia, en Puebla se han abierto 19 investigaciones por violaciones a los derechos humanos. Oaxaca, con 44 expedientes, lidera la lista, seguido por Guerrero, con 49 recomendaciones; Veracruz, con 29; y Chihuahua, con 21.
Por otra parte, la CNDH reveló en su informe anual que presentó una acción de inconstitucionalidad en contra del Código Civil de Puebla, por prohibir la unión legal entre personas del mismo sexo.
El órgano señala que la ley poblana que califica al matrimonio como la unión entre “el hombre y la mujer” viola los derechos a la no discriminación, el libre desarrollo de personalidad e identidad sexual, así como la libertad de formar una familia y lo relativo a su organización y desarrollo.
A la fecha, los diputados del Congreso de Puebla han evitado reformar el Código Civil en el estado para permitir el matrimonio igualitario.
