Por: Serafín Castro
Para garantizar su continuidad transexenal, Rafael Moreno Valle puso en marcha una compleja estrategia que derivó en una reforma político-electoral que modificó prácticamente todo: se renovó el Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE), se impulsó una redistritación estatal que fracturó el voto duro priista; se eligieron nuevos magistrados del Tribunal Electoral del Estado; se crearon figuras como las candidaturas comunes; se legisló sobre alianzas y coaliciones; y la cereza del pastel fue la decisión de empalmar las elecciones locales con las federales en 2018, lo cual dio pie a una elección extraordinaria: un gobernador por un periodo de un año 10 meses.
A la par, el mandatario y su equipo mantuvieron con firmeza el impulso a las alianzas electorales, las cuales les permitieron enfrentar el voto duro priista (estimado en 850 mil sufragios), avalaron la creación del partido político estatal Compromiso por Puebla (CPP) y autorizaron la creación de uno más: Pacto Social de Integración (PSI), que se convirtió en uno de sus principales aliados en las elecciones de 2013 y 2016.
La reforma político-electoral de 2012 permitió a Rafael Moreno Valle ganar la mayoría, un año después, de las presidencias municipales y mantener el control del Congreso del Estado. Hasta antes de la reforma, que permitió crear la redistritación, las demarcaciones locales estaban armadas para beneficiar al Revolucionario Institucional.
Anteriormente, en cada proceso electoral el tricolor alcanzaba el máximo de 26 curules permitidos por la ley, y cuando mal le iba se quedaba con 24 lugares en el Congreso: ya fuera por mayoría de votos o con los diputados plurinominales, el PRI siempre mantenía la mayoría.
Para la elección de 2010, cuando por primera vez el Revolucionario Institucional dejó de gobernar la entidad y pese a quedarse con 18 curules en total, 16 del tricolor y dos del Partido Verde, la alianza de partidos (PAN, Nueva Alianza, PRD y Movimiento Ciudadano) toma el control.
De acuerdo con el columnista Arturo Rueda, esta inequidad se fundaba en la composición de los 26 distritos electorales de Puebla, los cuales daban mayor peso a las comunidades despobladas, “dominadas por la ignorancia y la pobreza”, en donde el PRI siempre resultaba vencedor en los comicios.
Estos privilegios para el PRI acabaron con la redistritación propuesta por el gobernador Rafael Moreno Valle en 2012, la cual se implementó en el proceso electoral del año siguiente, donde el PRI cayó de manera estrepitosa y perdió nuevamente el control del Congreso del Estado, ya que sólo obtuvo ocho curules, incluidas las plurinominales.
La estrategia de la redistritación consistió en dar mayor peso a la representación de la zona metropolitana de Puebla, donde existe la mayor concentración de población y el electorado más crítico; actualmente en esta zona, de acuerdo con encuestas de opinión, el PRI ha caído hasta ser la tercera fuerza política.
Con estas modificaciones se redujo el peso de las comunidades con mayor grado de marginación, en donde el PRI concentra su voto duro. Se fusionaron los distritos de Chiautla e Izúcar de Matamoros, así como Acatlán y Tepexi, siendo Izúcar y Acatlán las cabeceras. Antes de eso, los cuatro distritos, ubicados en la Mixteca poblana, representaban triunfos seguros para el tricolor.
Así, desaparecieron los distritos de Chiautla de Tapia, Tepexi de Rodríguez, Acatzingo y Tetela de Ocampo, y se crearon los de San Andrés Cholula, Amozoc, el VII de la capital y Tehuacán Sur.
Con ello, en la zona metropolitana se ubicaron 12 de los 26 distritos electorales de Puebla, que de entrada implicó una competencia por el voto para el PRI, y se vaticinó una amplia derrota para el tricolor que se consumó en 2013.
Al año de ser aprobada, la reforma se hizo efectiva y con esto, el gobernador Rafael Moreno Valle logró obtener la mayoría de las diputaciones para la segunda mitad de su sexenio. El PRI, en cambio, sufrió las consecuencias.
Derivado de dicha reforma político-electoral también se creó el periodo de la minigubernatura, así como la ampliación del periodo de los diputados locales y alcaldes municipales, por única ocasión, por cuatro años y ocho meses con el objetivo de empatar las elecciones estatales con las federales, y con eso Rafael Moreno Valle amarró, sin arriesgarse de nueva cuenta, el control de la mayoría del Congreso del Estado.
Para afianzar la victoria y hundir al PRI, en la elección de 2013, año en el que se renovaron las 217 alcaldías y las diputaciones locales, el gobernador logró conformar una megacoalición encabezada por los partidos Acción Nacional, Nueva Alianza, de la Revolución Democrática y el entonces recién creado Compromiso por Puebla.
A la megacoalición, llamada Puebla Unida, también se concretaron candidaturas en común con Movimiento Ciudadano y Pacto Social de Integración, instituto local creado un año antes y que es atribuido al priista Javier López Zavala.
Con esto, Puebla Unida ganó 94 de las 217 alcaldías y obtuvo 23 diputaciones por mayoría relativa; el Partido del Trabajo (PT) alcanzó 20 alcaldías, y Movimiento Ciudadano y PSI, en candidatura en común con la megacoalición, alcanzaron ocho y siete presidencias municipales, respectivamente.
En tanto que la coalición 5 de Mayo, conformada por el PRI y el Verde Ecologista, se quedó con 84 municipios y tres diputaciones locales por mayoría relativa, sufriendo su mayor derrota en la historia poblana.
Una de las alcaldías ganadas por Puebla Unida fue la capital poblana, con Tony Gali, quien con una amplia ventaja derrotó al priista Enrique Agüera, y de manera automática amarró su camino rumbo a la minigubernatura del estado para afianzar el proyecto transexenal comandado por Rafael Moreno Valle y abrir, a la vez, las puertas rumbo a la carrera presidencial.
