A través de un comunicado, la empresa indicó que agotarán todas las instancias legales para recuperar la recaudación de la línea 2
Por Guadalupe Juárez
Después de que Carreteras de Cuota Puebla anunciara el retiro de la concesión y tomará control del sistema de cobro de la Línea 2 de RUTA a Bus Rapid Transit de Puebla SAPI de CV, la empresa respondió con un comunicado en el que aseguran emprenderán acciones legales contra la administración estatal para recuperar la concesión.
El documento tiene como autor a Joaquín Pérez Cuéllar, quien se identifica en el mismo como asesor corporativo de la firma.
En el escrito se arguye que los empleados fueron tratados como “delincuentes” y califica el operativo del 23 de enero realizado por las autoridades locales como un “acto ilegal” y no apegado a derecho, pues no fueron notificados del proceso en su contra, además de violar los derechos humanos del personal.
En ningún momento la empresa aclara o rechaza las acusaciones de Carreteras de Cuota de un presunto desvío de recursos en el sistema que operaba y atribuye el conflicto a que el gobierno deseaba recuperar la concesión.
Pérez Cuéllar agregó que conservarán a sus empleados hasta agotar las instancias estatales y federales para recuperar la prestación de la Línea 2 del servicio de la Red Urbana de Transporte Articulado.
“(…) Nuestra empresa realizó importantes inversiones para el equipamiento de la Línea 2 de RUTA, así como para la eficiente operación del sistema de recaudo, siendo nuestra empresa, durante los casi dos años que prestó dichos servicios, un ejemplo de eficiencia y calidad a nivel nacional (…)”, se argumenta en el comunicado.
El miércoles de la semana pasada el organismo descentralizado Carreteras de Cuota Puebla anunció el retiro de la concesión tras hallar anomalías en el sistema de recaudación, aunque no detallaron el monto del posible desfalco o las irregularidades detectadas.
Fuentes fidedignas dijeron a 24 Horas Puebla que las inconsistencias en la recaudación eran de 30% de los ingresos, es decir, de los 100 mil viajes registrados al día en el metrobús, a un costo de 7.50 pesos por viaje, el presunto desvío correspondía a unos 225 mil pesos diarios.
Cabe recordar que la noche del 23 de enero autoridades locales irrumpieron en el centro de operaciones de la empresa, donde habrían encontrado en flagrancia a los empleados; acto difundido por los empleados como un robo a mano armada, y que más tarde la Fiscalía General del Estado (FGE) aclaró se trataba de un operativo; al día siguiente darían a conocer el retiro de la concesión a la empresa.