Por: Mario Galeana / @MarioG24H
Foto: Especial
Pobladores de la Sierra Norte y la Sierra Negra tomaron de manera pacífica las instalaciones que la compañía minera Autlán posee en la Ciudad de México y Teziutlán, Puebla.
Ayer, en la capital del país, alrededor de 500 habitantes de los municipios de Coyomeapan, Tlacotepec y Zoquitlán reiteraron ante la Secretaría de Energía (Sener) su oposición a la hidroeléctrica que el emporio minero ha planeado para explotar por 30 o más años el cauce de tres ríos que cruzan la Sierra Negra y desembocan en Veracruz.
Además, los opositores a este proyecto, que se compone de los complejos hidroeléctricos Coyolapa y Atzalan-Huitzilatl, realizaron una grabación sobre los estragos que Autlán ha causado desde hace más de cinco años en Teziutlán.
Ahí, la empresa minera construyó la hidroeléctrica Atexcaco 1, que –a juzgar por el video– ha consumido en un 90% el cauce del río Apulco.
“El río se desvía hacia las turbinas y, como se ve, prácticamente ya queda seco. Podemos observar cómo el río Apulco, al pasar a la presa Atexcaco, desaparece por completo. Un río vivo queda muerto. Y eso es el futuro de lo que pasaría si no impedimos la construcción del proyecto hidroeléctrico Coyolapa y Atzalan-Huitzilatl”, dicen los opositores.
En la grabación también se asegura que la llegada de Autlán no ha generado progreso ni trabajos para los pobladores de la región.
En días previos, el Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano y Popular (Miocup) realizó un plantón en las oficinas que Autlán posee en Teziutlán, para evitar la puesta en marcha de otros proyectos que contempla la empresa, como la extracción de oro en la comunidad de Calatepec, en Tlatlauquitepec.
Sin apoyo de comunidades preparan consulta
A principios de diciembre pasado, la Sener y Autlán dieron inicio al proceso de una consulta en el municipio de Zoquitlán para lograr la instalación de la hidroeléctrica Coyolapa, que fue avalada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en marzo de 2016.
El proceso consultivo iniciará a cuatro años de que la empresa empezó trabajos de prospección en la región e, incluso, compró terrenos requeridos para la instalación de los complejos hidroeléctricos.
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) se ha pronunciado sobre el caso, al asegurar que el proceso de consulta entre pueblos originarios debió haber sido realizado antes de la llegada de Autlán en la región, en 2012.
Desde la Cámara de Diputados, el legislador federal Miguel Alva y Alva solicitó a la Semarnat retirar el permiso ambiental otorgado a Autlán, pues la hidroeléctrica ocasionaría “la pérdida de la flora, la vida silvestre y gran afectación a la agricultura, ganadería y pesca de más de 17 comunidades indígenas”.