Bitácora
Por: Pascal Beltrán del Río / @beltrandelrio
La semana pasada escribí sobre la experiencia rumana en el combate a la corrupción y el importante papel que en éste ha jugado la fiscal Laura Kövesi.
Este lunes argumenté a favor de la institucionalidad para hacer frente a los actos deshonestos en el servicio público.
Dije que la institucionalidad es una mejor forma de enfrentar la corrupción que el voluntarismo.
Por desgracia, en México muchos siguen apostando por atacar el problema desde la cúpula del poder esperando que llegue un presidente impoluto para sacar de raíz ese mal.
El caso de Rumanía, donde la fiscal Kövesi ha metido a la cárcel a cerca de dos mil funcionarios públicos en tres años, es una muestra de ello.
Pero la institucionalidad necesita que uno de sus ingredientes sea la autonomía de la lucha anticorrupción frente al poder público.
Así ha sido en Rumanía y también lo es en Brasil, donde el juez Sérgio Moro –una figura casi desconocida en Brasil hasta hace tres años– ha logrado desnudar la trama del caso Lava Jato, cuya pieza central es Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción que repartió millones de dólares en sobornos a lo largo de América Latina para hacerse de contratos gubernamentales.
La participación de Oderbrecht en este escándalo de corrupción no ha sido sencilla de desenredar. Involucra negocios en 28 países, de los cuales en 12 hay evidencias de sobornos, incluyendo México.
Conocer los hechos y señalar culpables no hubiera sido posible sin los esfuerzos heroicos del juez Sérgio Moro.
Desde la ciudad de Curitiba, capital del estado de Paraná, el juzgador de primera instancia lanzó órdenes de aprehensión y dictó sentencias que sacudieron la estructura gubernamental en Brasil.
A partir de un expediente menor, salido de una estación de servicio de autos (de ahí el nombre de Lava Jato), Moro y el fiscal Deltan Dallagnol jalaron la hebra de una red de sobornos en la paraestatal Petrobras y sus conexiones con varios países latinoamericanos.
Moro ordenó que se condujera a declarar al ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y puso en prisión a Marcelo Odebrecht, heredero de la dinastía, y a José Dirceu, ex jefe de gabinete de Lula.
Y aunque la presidenta Dilma Rousseff cayó por manipular las cuentas públicas para facilitar su reelección, también es cierto que las investigaciones del caso Lava Jato debilitaron a su gobierno, mostrando lo poderoso que puede ser un pequeño funcionario decidido a hacer justicia.
En una grabación telefónica entre Lula y Rousseff, aquel dio cuenta de ello.
“Yo, sinceramente, estoy asustado con la República de Curitiba”, dijo Lula a su discípula, la presidenta Rousseff. “Porque a partir de un juez de primera instancia todo puede ocurrir en este país”.
Aquello de la “República de Curitiba” fue una expresión peyorativa de Lula, que los habitantes de Curitiba, felices con la actuación de Moro, han convertido en un eslogan.
“República de Curitiba. Aqui se cumpre a lei”, dice un letrero frente a los tribunales de la ciudad.
El trabajo del juez Moro también tiene al borde de la cárcel al expresidente peruano Alejandro Toledo, quien podría ser extraditado a su país para enfrentar a la justicia por haber recibido 20 millones de dólares en sobornos de Odebrecht.
Los casos de Brasil y Rumanía, donde han sido encarcelados por corrupción importantes políticos, demuestran que no es necesaria una orden de arriba para atacar el problema.
De hecho, en México, como escribí el lunes, tenemos evidencias de que el voluntarismo ha fracasado en el combate a la corrupción. Peor aún, ha sido una farsa.
Por eso no hay que fiarse en lo que venga después de 2018. Hay que avanzar ya en la vía institucional y construir un sólido Sistema Nacional Anticorrupción a prueba del manoseo del poder.
Obviamente, este tipo de procesos avanza más cuando hay personas valientes, como Laura Kövesi y Sérgio Moro, que los impulsan.
En México podemos ayudar en ese aspecto exigiendo que el Senado elija a un fiscal anticorrupción de sólidos antecedentes. Y demandarle a él o a ella que no se raje