Por Mario Galeana
El Congreso de Puebla se encuentra en una encrucijada. La campaña mediática donde Eduardo Rivera Pérez se asume como un “perseguido político” por el cúmulo de irregularidades financieras detectadas en su gobierno mantiene al margen a los congresistas locales para dar inicio a una investigación sobre el anormal crecimiento patrimonial de ex funcionarios municipales como Íñigo Ocejo Rojo, cuya fortuna aumentó hasta en 7.1 millones de pesos de 2011 a 2014.
Hasta ahora no hay denuncias en contra del ex secretario de Administración y Tecnologías de la Información (SATI) en ninguna de las instancias competententes, como la Auditoría Superior del Estado (ASE) o el Comité de Transparencia.
Y, por ello, perseguir a Ocejo Rojo con base en investigaciones periodísticas implicaría un “manejo anormal del Congreso”, reconoce el presidente de la Comisión Inspectora, Germán Jiménez García.
“El señor Eduardo Rivera ha politizado el tema de su cuenta pública. Ha echado grilla en los medios y se ha tirado al piso. Entonces, si le rascamos más al tema del señor Íñigo, se vería como si nosotros estuviéramos buscando una falla”, dice el también coordinador del grupo legislativo de Compromiso por Puebla.
A mediados de diciembre del año pasado, el Congreso de Puebla emprendió una cruzada en contra del ex alcalde capitalino tras fincar en su contra responsabilidades financieras por más de 400 millones de pesos durante su tercer año a cargo del Ayuntamiento.
Desde entonces, Rivera Pérez ha dicho que se trata de una persecución e, inclusive, ha sostenido en sus redes sociales que se “siguen inventando notas” en su contra para dejarlo “fuera de la jugada” en 2018.
Así, Rivera ha llevado al terreno político una revisión financiera que debe superar cada funcionario en el estado. Con ello, ha cubierto también a funcionarios como Ocejo, que con un salario mensual de poco más de 140 mil pesos posee, hoy, una vivienda valuada en más de 10 millones de pesos en el exclusivo fraccionamiento La Misión e ingresos por más de siete millones, de acuerdo con su declaración patrimonial de 2014.
El Sistema Estatal Anticorrupción podría tomar parte en el caso del enriquecimiento de Ocejo Rojo, pero debe presentarse, necesariamente, una denuncia de por medio, explicó el secretario de la Comisión Inspectora, Rosalío Zanatta Vidaurri.
En tanto, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Jorge Aguilar Chedraui, deslindó al Congreso del Estado y dijo que investigar el patrimonio del ex funcionario municipal correspondería a la Contraloría del Ayuntamiento.