Concesionarios y operadores no toman en cuenta el programa de subsidio que anunció el gobierno, quieren a rajatabla incremento de 25%
Por Mario Galeana
Los transportistas poblanos se encuentran en medio de una discusión que no entienden, pues el gobierno del estado prepara un programa inédito que los ayude a hacer frente de manera estructural y financiera al duro impacto por el incremento al diésel y la gasolina, que incluye unidades nuevas y cambiar a un sistema de gas LP, entre otros.
Por el contrario, los concesionarios de transporte sólo han pedido una cosa: que la tarifa suba a por lo menos 7.50 pesos, sin que hasta ahora se hayan comprometido de manera formal para mejorar el servicio público.
Así se desarrolló la visita de la Coordinadora del Transporte Público y Mercantil al Congreso de Puebla. Encabezados por el perredista Arturo Loyola, los concesionarios se reunieron con el presidente de la Comisión de Transporte del Congreso de Puebla, Julián Rendón Tapia, para solicitar que las unidades cobren una tarifa similar a la de la Línea Periférico, que implicaría un aumento de 1.50 pesos.
“Sería sólo para cubrir el incremento en el costo de las unidades, el costo de los insumos, el incremento de los impuestos y el incremento de las multas”, dice la solicitud que presentaron al Legislativo local, aunque el gobernador José Antonio Gali Fayad ha anunciado que posiblemente la tarifa se mantenga igual a lo largo de 2017.
Los concesionarios incluso pidieron a los congresistas modificar el Código Penal del Estado para que los conductores de transporte público puedan acceder a fianza cuando provoquen accidentes fatales de forma imprudencial.
“Estamos pidiendo que se homologue el Código Penal local con la federación, donde se permite que los choferes paguen fianza para enfrentar un proceso penal tras provocar un accidente”, dijo Loyola en entrevista.
El artículo 86 indica que “cuando se causen homicidios por actos u omisiones culposos de quien realiza un servicio público de transporte” el castigo será de 6 a 15 años de prisión e inhabilitación de 2 a 10 años ara transportar pasajeros”.