A la lista de cinco integrantes de la 28 y dos marinistas, se suma el pedido de auxilio para dos munícipes y el ex alcalde Rivera Pérez
Staff 24 horas Puebla
De 355 casos de “represión, procesados y presos políticos” que denunciaba el Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión Social a finales de 2016, ahora sólo reportan siete.
Entre sus defendidos, cinco forman parte de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, pese a que uno de ellos fue exonerado, pero se niega a dejar la cárcel en solidaridad con su padre Rubén Sarabia, alias Simitrio.
Los otros dos “presos políticos” son los marinistas Israel Pacheco Velázquez, el oscuro dirigente del sindicato del Ayuntamiento de Puebla y preso por el delito de chantaje; y Francisco Castillo Montemayor, quien tiene en sus espaldas una investigación por un desfalco de 39 millones de pesos durante su paso por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la gestión de Mario Marín Torres.
“Probablemente exista una persona más, nos encontramos verificando la información”, mencionaron durante una conferencia de prensa llevada a cabo este jueves.
En este evento “invitaron a la ciudadanía” para unirse a la solicitud que dirigirán al gobernador del estado, José Antonio Gali Fayad, para pedirle que actúe con “respeto, rectitud y justicia” y libere a los “presos políticos” existentes.
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5 de diciembre de 2016. La Universidad Iberoamericana funge como escenario de informes “ciudadanos”, los presos políticos son todos, sin nombres, sin rostros, sólo son números. 355 para ser exactos, pero las caras de los “perseguidos” son las de ex funcionarios acusados de peculado o de líderes comerciantes relacionados con delitos graves.
La lista, que aseguran es interminable, no se refleja en los nombres ni en los casos denunciados, tampoco en la nueva bitácora que presentaron para pedir su libertad.
Ahora el comité se convirtió además en defensor de la alcaldesa priista Ernestina Fernández, quien enfrenta un proceso de destitución; del ex edil Eduardo Rivera Pérez, quien debe comprobar el daño patrimonial por de 441 millones de pesos durante el ejercicio fiscal 2013; así como al alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa, cuyo padrino de bodas fue Mario Marín Torres.
Incluso calificaron de “condenado político” a Jairo Javier Montes Bautista, ex presidente auxiliar de Chalchihuapan, quien ya se encuentra libre.
Según los representantes de esta organización, había 136 procesados, 150 órdenes de aprehensión libradas.
Piden “suprimir procesos” en contra de acusados
Los miembros de esta organización añadieron dentro de su petición el término de los procesos en contra de las personas que “en su momento fueron acusadas de algún delito”, así como de los que se encuentran libres pero sus casos siguen vigentes, sin precisar nombres o razón del por qué supuestamente enfrentan una investigación.
Los únicos nombres que agrega el Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión Social además de los siete son los del edil de San Pedro Cholula, José Juan Espinoza (sic), el ex edil capitalino Eduardo Rivera Pérez y la presidenta de Tehuacán, Ernestina Fernández, a quienes los califican como “disidentes políticos”.
En este sentido, dieron a conocer que recaudarán “firmas de apoyo” en mesas instaladas en los zócalos de Puebla, San Pedro Cholula, Cuautlancingo, Tehuacán y Juan C. Bonilla hasta el 9 de marzo, fecha en que planean una manifestación, en donde invitaron al padre Alejandro Solalinde, Damián Alcázar, Juan Villoro, Julio Glockner, Elena Poniatowska, Juan Villoro, Daniel Giménez Cacho y Gustavo Monroy, por mencionar algunos, aunque reconocen que no les han confirmado su asistencia.
