Por: Mario Galeana
La búsqueda por el oro negro de Pemex ha sido larga y violenta.
En los últimos 16 años, las autoridades federales han detectado 17 tomas clandestinas al mes en los ductos de Petróleos Mexicanos que atraviesan el estado de Puebla.
La extracción ilegal de hidrocarburos repuntó desde 2010 a consecuencia de la diversificación de actividades de los cárteles y organizaciones delictivas en el país, pero no era algo desconocido para las autoridades estatales a principios del segundo milenio.
En el 2000 la paraestatal reportó 15 tomas clandestinas de ductos y nueve años más tarde la cifra sólo se había duplicado.
El 2010 fue, en definitiva, el año en que el huachicol comenzó su expansión por el estado. Indicadores federales apuntan que de 2011 a 2016 se ha registrado un aumento de 1,838% en tomas clandestinas en comparación con los 10 años anteriores.
En aquel año se registró también la primera efigie de muerte a manos de las bandas dedicadas al hurto de combustible. El 19 de diciembre de 2010 murieron 30 personas en San Martín Texmelucan a causa de una explosión originada por una toma clandestina.
Para 2012, Pemex ya registraba al menos 110 tomas clandestinas en Puebla. Hasta ese año, el huachicol se había propagado por una región que fue bautizada como el Triángulo Rojo: los municipios de Tepeaca, Acatzingo y Quecholac.
Pero, hasta el año pasado, la búsqueda por el oro negro de la paraestatal se había extendido por 27 municipios, conformando todo un cinturón de robo de hidrocarburo, con poblaciones y autoridades cooptadas y al servicio de las bandas delincuenciales.
La cifra total es abrumadora: desde 2000 hasta 2016, las autoridades federales han contabilizado 3 mil 218 tomas clandestinas registradas en su mayoría en 10 municipios: Tepeaca, Palmar de Bravo, Acajete, Quecholac, Acatzingo, San Matías Tlalancaleca, San Martín Texmelucan, Esperanza, Coronango y Amozoc.
Vivir con el narco
Con la guerra contra el narco emprendida en el sexenio de Felipe Calderón, los cárteles diversificaron sus giros a lo largo del país: extorsión, robo, secuestros, trata de personas y robo de combustible se añadieron a la venta de droga y se extendieron por estados donde antes no se registraban enfrentamientos armados.
Puebla fue uno de ellos y hoy se sabe que Los Zetas es una de las organizaciones que disputa el oro perdido de Pemex en el suelo poblano. A principios del año pasado, el fiscal general del estado, Víctor Carrancá Bourget, reconoció la presencia de este cártel en el cinturón de robo de hidrocarburo y, a partir de entonces, los enfrentamientos han aumentado de manera vertiginosa.
Las tomas clandestinas de ductos petroleros y el crecimiento de bandas delictivas han detonado también el alza en homicidios dolosos, lesiones y robo de vehículos.
De acuerdo con datos oficiales, tres de cada 10 homicidios dolosos perpetrados con arma de fuego en Puebla se concentran en los 21 municipios donde Pemex ha registrado el mayor número de tomas clandestinas.
De 2011 hasta mayo de 2016, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró mil 175 averiguaciones previas por homicidios cometidos con armas de fuego, y de estas, al menos 403 investigaciones provinieron del cinturón de robo de combustible en la entidad.
En las páginas de nota roja de la prensa local han sido cada vez más constantes los enfrentamientos entre células criminales y elementos de seguridad de corporaciones estatales y federales.
La complicidad
El fenómeno del huachicol, sin embargo, no podría ser entendido sin la complicidad de autoridades locales, de Pemex y de la población por donde atraviesan los ductos petroleros.
Niños, mujeres y hombres se han convertido en vigías y hasta en soporte de las bandas delincuencias a cambio de dinero, han denunciado en múltiples ocasiones organizaciones, autoridades y diputados locales.
A la par, trabajadores de Pemex han sostenido que la ubicación y perforación de los ductos sólo habría sido posible con información proveniente del seno de la paraestatal.
Según testimonios, la empresa petrolera cuenta con un sistema supervisor satelital conectado a sus oficinas centrales por el cual podría ser detectable cualquier tipo de fuga de hidrocarburos.
Las autoridades locales han cedido también al poder del huachicol, que es castigado por 15 a 25 años de prisión más una multa de 15 mil a 25 mil días de salario mínimo, un aproximado de entre 1 millón 200 mil 600 pesos y un millón 600 mil 800 pesos, de acuerdo con una nueva Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, aprobada el año pasado por la Cámara de Diputados.
Recientemente un par de policías municipales de Puebla fueron detenidos en Amozoc por escoltar y brindar protección a una banda dedicada a la ordeña de ductos.
Para ellos, el gobernador José Antonio Gali Fayad prometió un castigo ejemplar. Sin embargo, los chupaductos han cooptado también a altos mandos policiacos. A mediados de 2015, el ex director de la Policía Estatal y el ex jefe del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), Marco Antonio Estrada López y Tomás Mendoza Lozano, fueron detenidos por el Ejército mexicano por presuntos vínculos con ladrones de combustible.
Su detención significó la dimisión de Facundo Rosas Rosas al frente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
El marco legal
La complicidad del huachicol es tipificada en el Código Penal Federal. Las personas que compren, vendan, almacenen y comercialicen el hidrocarburo sustraído de forma ilegal, pero su sanción dependerá de la cantidad de combustible con la que hayan cometido dicho delito.
El castigo más grave es cuando una persona es encontrada con una cantidad igual o mayor a los dos mil litros, puesto que recibe una pena de 10 a 15 años de prisión y una multa de entre 10 mil a 15 mil días de salario mínimo, es decir, de entre 800 mil 400 y 1 millón 200 mil 600 pesos.
Para los ex empleados y trabajadores de Petróleos Mexicanos, así como elementos policiales que incurran en los delitos descritos en esta ley, la sanción se eleva una mitad más del castigo marcado.
Un trabajador de Pemex, por ejemplo, recibiría como castigo entre 22 y 37 años en la cárcel.