El doble discurso de los transportistas
Uno de los temas que poco se ha discutido sobre el incremento en el precio de la gasolina y diésel es que en el Presupuesto de Ingresos de la Federación incluye un “estímulo fiscal” para todas aquellas personas con actividad empresarial, físicas o morales, que usen diésel para sus actividades de consumo final, lo que incluye al transporte de carga, servicio público o privado, e incluso actividades turísticas o agrícolas. Al comprobar dicho uso podrán acreditarlo en el pago del Impuesto sobre la Renta. En otras palabras, los concesionarios del servicio público ya cuentan con un beneficio directo y pese a eso exigen un subsidio o el alza en la tarifa. ¿Será?
Hacer frente al problema
La administración de José Antonio Gali Fayad se encuentra en medio de un análisis muy puntual para analizar la mejor opción para hacer frente al impacto que trajo el incremento en la gasolina y diésel para el transporte público. Una cosa que ha quedado claro es que la nueva administración tiene como prioridad el bolsillo de los ciudadanos y no de un reducido sector que durante años ha lucrado con las rutas. Hay demandas muy específicas para los concesionarios que deberán cumplirse, pero también diálogo y apertura. ¿Será?
Las heridas abiertas del PRI
Más allá de su discurso locuaz y sus continuos deslices o torpezas, el diputado federal Alejandro Armenta Mier puso el dedo en la llaga del priismo y pasó a barrer contra todos: las anteriores y actuales dirigencias nacional y local del PRI, a la Federación, a los ex candidatos y hasta a los sectores duros del priismo sobre el supuesto pacto para que el tricolor perdiera la gubernatura en 2016 y que eso se repita en 2018. Como era de esperarse, el legislador generó escozor entre sus compañeros y abrió un peligroso juego que puede proceder a su defenestración o veto al interior del tricolor. ¿Será?
Cuadratura del círculo
El diputado federal de Morena, Rodrigo Abdala Dartigues, se montó en el tema del manejo del Impuesto sobre Nómina por parte de la empresa Evercor para iniciar un golpeteo político contra la administración estatal y el morenovallismo. Se trata de una medida con mero lucro político porque el secretario de Finanzas y Administración, Raúl Sánchez Kobashi, ha dejado en claro la vía legal que se cumplió para el manejo de tales recursos. En otras palabras, por más que el sobrino de Manuel Bartlett Díaz se ande quejando no hallará ninguna anomalía legal. ¿Será?