Propuestas como la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza aún no son dictaminadas
Por Mario Galeana
No hay duda. El ex gobernador Rafael Moreno Valle fue el gran legislador de su sexenio, por el que desfilaron al menos 82 diputados locales.
Sea por mayoría o por unanimidad, el Congreso de Puebla avalaba una propuesta del ex gobernador cada seis días. En toda su administración sólo cinco iniciativas de ley presentadas por Moreno Valle no fueron avaladas ni desechadas, por lo que se mantienen “en trámite” o congeladas.
La más antigua es también la más polémica. Se trata de la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que regula el Uso legítimo de la Fuerza, presentada el 22 de julio de 2014, apenas 13 días después de que ocurriera el enfrentamiento entre elementos de la Policía Estatal y pobladores de la junta auxiliar San Bernardino Chalchihuapan, donde murió un menor.
La solicitud de eliminar la ley fue turnada a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Procuración y Administración de Justicia, de Derechos Humanos y de Seguridad Pública –presididas por diputados del PAN y el PRI–, pero a la fecha no ha sido dictaminada, por lo que se mantiene vigente.
Hasta la fecha, varios organismos de derechos humanos y asociaciones de caracter civil solicitan la abrogación de la citada ley.
Otra reforma pendiente de votación implicaría un escenario inédito en el estado: el de un gobierno de coalición, bajo riesgo de someter una segunda vuelta electoral en los comicios locales de 2018.
La propuesta modificaría el artículo 71 de la Constitución de Puebla para considerar gobernador al candidato o candidata que “obtenga por lo menos 42% de la votación válida emitida, o haya obtenido el mayor número de votos y tenga una diferencia de 5% o más con relación al segundo lugar”.
Si la diferencia es menor, el candidato ganador “podrá acordar la formación de un gobierno de coalición” en un plazo no mayor a 30 días.
“De no actualizarse alguna de estas opciones habrá una segunda vuelta entre el primer y segundo lugares”, cierra la propuesta presentada el 30 de noviembre de 2016 y turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, presidida por la aliancista Susana Riestra Piña.
Entre las iniciativas de ley congeladas se encuentra también la de Seguridad Privada del Estado, presentada a mediados de octubre de 2015 por el ex ejecutivo en el estado, con el propósito de “someter a exámenes de evaluación y de control de confianza al personal de las empresas de seguridad privada”.
La ley, que fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública, indica que las empresas autoridades deberán “solicitar al Centro Único de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Puebla la programación para que su personal de nuevo ingreso o de permanencia, sea sometido a la evaluación de control de confianza, en un plazo no mayor a sesenta días”.
También se mantienen pendientes la iniciativa de Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Puebla, que plantea sanciones en contra de los funcionarios que incurran en conductas delictivas, y una reforma al artículo 865 del Código Civil, donde se indica que una mujer casada que tenga un hijo recién nacido y viva con su marido, deberá asentar al menor como hijo del mismo esposo de la madre.
