Traspatio
Por Luis Pavón / @pavonlui
Del plato a la boca se cae la sopa. Javier Corral, gobernador de Chihuahua, hizo una promesa que hasta ahora no ha cumplido.
En el estado de Chihuahua existen dos cárceles clandestinas. Oficialmente se les llama Centros de Arraigo. Sólo que no hay ni una sola ley estatal que autorice su funcionamiento.
Cuando presenté ese reportaje en Despierta, de Televisa, en agosto de 2016, el panista Javier Corral ya era gobernador electo y criticó la ilegalidad de esas prisiones.
Tuiteó el reportaje, comentó sobre los abusos que se cometían en la administración del priista César Duarte y, en una declaración a los medios de Chihuahua, prometió que las iba a cerrar. Han pasado 67 días de que asumió el poder y no lo ha hecho. Esas dos prisiones clandestinas siguen operando con toda normalidad.
Cuando empecé a hacer el reportaje solicité permiso para ingresar al Centro de Arraigo de Ciudad Juárez sin obtener respuesta, lo cual confirmó la ilegalidad de esos sitios.
Mire usted: la administración de César Duarte gustaba de presumir sus cárceles. Permitía fácilmente el acceso a los medios de comunicación para que constataran que habían puesto orden, que se había terminado el autogobierno y el control lo tenía el Estado. Eso era verdad, las prisiones chihuahuenses tenían otro rostro, había orden.
Entonces por qué no permitir el ingreso al Centro de Arraigo. “En realidad ese sitio no debería existir”, me dijo un funcionario de la Fiscalía.
Me las tuve que ingeniar para poder entrar y documentar el lugar. Por supuesto, busqué la versión oficial sobre la operación de la cárcel clandestina de Ciudad Juárez. Me recibió el entonces fiscal en Ejecución de Penas y Medidas Cautelares, Lorenzo Flores.
Durante toda la entrevista defendió la legalidad de esos sitios clandestinos y soltó unas declaraciones que son una joya:
“Un arraigo es diferente a una prisión... Un arraigo es un hospedaje que se da a una persona en tanto va avanzando su procedimiento o su proceso”. Le pregunté: “¿no tiene las mismas medidas pero hay celdas? Hay habitaciones de hospedaje para esas personas”.
Por si fuera poco, no sabía cuántas personas había “hospedadas” en ese “hotel”.
“¿Cuántas personas hay en los Centros de Arraigo? Tendríamos que hacer el conteo”. Es decir, el encargado de esa área no tenía idea de cuántos arraigados había. “¿Más de 100 personas en Juárez? Sí hay. Sí las tenemos esas personas”. O sea, si le hubiese dicho 500 en la pregunta, capaz que decía que sí. En ese momento había 110 arraigados.
Después de que se transmitió el reportaje y ya que “no tenían nada que ocultar” me ofrecieron ingresar a los dos centros de arraigo: el de Ciudad Juárez y el de Chihuahua capital.
Esto fue lo que encontré en Juárez: no tiene letrero que la identifique. Tiene celdas, alambre de púas, sistema de seguridad.
Se divide en cinco módulos de acuerdo al grupo delictivo al que presuntamente pertenecen los internos, es decir, las pandillas más famosas de Ciudad Juárez: los aztecas, los mexicles, los artistas asesinos (grupos que se vincularon al crimen organizado). Por separado están los que no tienen grupo y las mujeres.
La fiscalía de Chihuahua reconoció que recientemente había acondicionado un área nueva en la cual se hicieron celdas grandes y dentro del edificio se colocó alambre de púas.
En cada habitación, como le llaman las autoridades, hay ocho colchonetas.
En Ciudad Juárez los internos visten de civil, pero en Chihuahua la situación es diferente: visten de gris, el uniforme de las cárceles del estado y reciben las mismas instrucciones: no mirar de frente y andar con las manos atrás.
En Ciudad Juárez se ubica al fondo de la academia de Policía y en Chihuahua en una área escondida del C4.
Ahí llegan presos que cumplieron los dos años de prisión preventiva que establece la ley y al no recibir sentencia tendrían que ser liberados.
Para evitar que salgan libres, la fiscalía del estado solicita a un juez que les conceda el arraigo después de que el interno ya pasó dos años en el reclusorio.
La ley de Chihuahua establece que el arraigo debe ser domiciliario.
Insisto, no hay ninguna ley en esa entidad que avale el funcionamiento de esos centros.
Durante la visita todo el tiempo me acompañó el entonces fiscal en persecución del delito. Le comenté que ahora el código único de procedimientos penales, sólo contempla el arraigo para delitos federales relacionados con el crimen organizado.
Por eso le pregunté:
¿Qué ley del estado de Chihuahua ampara la existencia de estos centros de arraigo? Esta condición está prevista... no, no... incluso en una ley estatal. El arraigo es una figura que está hoy prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
“¿Le vuelvo a plantear la pregunta: a nivel de estado de Chihuahua, cuál de sus leyes avala la existencia de estos dos centros de arraigo? El código de procedimientos penales establece la figura del arraigo y la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales establece que la dictaminarían para la constitución de un arraigo domiciliario”.
Nunca me contestó qué ley autoriza el funcionamiento de esos centros. La pregunta era directa.
El 12 de abril de 2012, el juez noveno de distrito en Chihuahua emitió el primer amparo contra el arraigo en lo que antiguamente se conocía como la academia de Policía, que se convirtió en el Centro de Arraigo de Ciudad Juárez.
En la sentencia, el juzgador señaló que es ilegal imponer el arraigo en un lugar distinto al domicilio que el procesado señale.
Organizaciones de derechos humanos, abogados y hasta jueces aseguran que se trata de una prisión clandestina.
La administración de César Duarte defendía que se trata de delincuentes peligrosos que no puede dejar salir. Pero lo que no decía es que la ley establece dos años para llevar a cabo la investigación. Que el Ministerio Público no hacía su trabajo en tiempo y ocurría que se les venía el tiempo encima, se vencía el plazo de la prisión preventiva y por ley debía dejarlos libres.
Entonces iban con los jueces para que les concediera el arraigo, hasta ahí era válido. Sólo que ese arraigo tiene que ser domiciliario, según el Código Penal.
Por seguridad y por cuestiones de infraestructura no era posible, decían los funcionarios de la fiscalía. Entonces que reformen el código porque hoy por hoy, llevarlos a esos sitios es ilegal. El mismo gobierno de Chihuahua está actuando en la ilegalidad.
El 1 de diciembre de 2016 cambió el gobierno. Empezó la administración panista de Javier Corral. Dos meses después ni lo ha cerrado ni ha dicho qué planea hacer.
Lo que sí dijo antes de tomar posesión del cargo, es que los cerraría, pero del dicho al hecho…