Por Mario Galeana
Las calles de San Martín Texmelucan ardían y 30 personas morían en ellas. Al menos 32 casas ennegrecidas, calcinadas en su totalidad, se alzaban a los costados de las calles que hoy bautizan como la “Zona Cero”, quizá porque nadie quiere volver a pronunciar sus nombres.
Aquel domingo 19 de diciembre de 2010, convertido en tragedia nacional era, también, la primera efigie de muerte a manos de las bandas del huachicol.
El gobierno del estado, entonces encabezado por Mario Marín Torres, mostraba un rostro incierto, ofreciendo cifras de decesos que no coincidían con los datos que fueron aportados por Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de Gobernación federal (Segob).
Un apresurado Valentín Meneses Rojas, entonces titular de la Secretaría de Gobernación del estado, salía a declarar que “una banda de delincuentes perforaron los ductos de la estatal Pemex, y se les salió de control”.
“Las calles se empezaron a inundar, vino un chispazo, y eran ríos de fuego los que veíamos en las calles”, decía a los medios el funcionario de la administración marinista.
En conferencia de prensa, Juan José Suárez Coppel, entonces director general de Petróleos Mexicanos, explicó que el petróleo crudo llegó hasta un río y avanzó a través de su cauce hasta la zona habitada, donde un chispazo lo incendió.
Desde entonces, el río de violencia causado por los huachicoleros ha avanzado un largo tramo. La tendencia de homicidios dolosos sufrió un repunte en la entidad desde la primera mitad de 2010, y las investigaciones por este delito pasaron de 400 a más de 650 hasta finales del año pasado, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
El fuego de las bandas de huachicol ha consumido casi una veintena de municipios y ha cooptado, incluso, a las instituciones de seguridad.
Recientemente dos elementos de la SSPTM fueron detenidos en Amozoc por escoltar y brindar protección a una banda dedicada a la ordeña de ductos de Pemex.
Para ellos, el gobernador José Antonio Gali Fayad prometió un castigo ejemplar. “Vamos a esperar a que la Fiscalía (General del Estado) haga las investigaciones correspondientes. Y, si resultan responsables, se aplicará la ley”, declaró el 11 de febrero pasado.
Sin embargo, los chupaductos han cooptado también a altos mandos policiacos. A mediados de 2015, el ex director de la Policía Estatal y el ex jefe del Grupo de Operaciones Especiales (Goes), Marco Antonio Estrada López y Tomás Mendoza Lozano, fueron detenidos por el Ejército mexicano por presuntos vínculos con ladrones de combustible.
Estas detenciones significó la dimisión de Facundo Rosas Rosas, quien se encontraba al frente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado.
Junto con los uniformados, las comunidades que se erigen sobre los ductos de Petróleos Mexicanos han cedido también ante los grupos delictivos a cambio de dinero. La gente, necesitada, les brinda vigilancia y protección.
“La población está recibiendo dinero de estas bandas de delincuencia. A cambio de eso, los protegen, les avisan de la presencia de operativos”, sostuvo el diputado Francisco Rodríguez Álvarezm presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso de Puebla.