Por medio de dádivas, pobladores han sido cooptados por los criminales
Por: Mario Galeana
Con el oro negro perdido de Petróleos Mexicanos (Pemex) fácilmente podría acabarse el hambre.
Las pérdidas por la ordeña de ductos de la petrolera mexicana llegan a decenas de miles de millones de pesos, de acuerdo con las autoridades federales.
De hecho, son más de 45 mil millones de pesos en pérdidas durante los últimos seis años, precisó el PRD en la Cámara de Diputados en septiembre del año pasado.
Pero el combustible robado no ha sido utilizado para generar el desarrollo de las comunidades por las que atraviesan los ductos subterráneos, como si de venas ocultas se tratase.
Por el contrario, las ganancias de las bandas de chupaductos han sido aplicadas para extender las redes de este delito.
A través de dádivas, niños, mujeres, hombres, funcionarios y policías municipales han sido cooptados por las organizaciones criminales para obtener protección a lo largo del estado de Puebla.
Desde la perforación del ducto hasta su distribución, una larga cadena de complicidades fraguada a base de sobornos ha permitido que la búsqueda por el oro negro de la petrolera nacional se extienda hasta 27 municipios poblanos, conformando todo un cinturón de robo de hidrocarburo.
Los halcones del huachicol son, podría afirmarse, uno de los primeros eslabones en la larga cadena de ilícitos. Convertidos en vigías del crimen organizado, niños y jóvenes, sobre todo, son utilizados para alertar sobre la llegada de operativos policiales a las regiones donde impera el robo de hidrocarburo.
Los muchachos han relatado a distintos medios de comunicación locales que un halcón puede ganar de tres mil hasta nueve mil pesos una semana por realizar esta tarea.
A mediados de diciembre del año pasado, el ahora gobernador José Antonio Gali Fayad dijo a Efekto10 que había escuchado testimonios de jóvenes que, por apoyar a los chupaductos, recibían hasta 12 mil pesos mensuales.
En la pirámide del huachicol, los conductores de pipas se han convertido en piedras angulares para la estructura de trasiego de combustible robado.
Un conductor con experiencia dijo a 24 Horas Puebla que los transportistas recibían de 15 mil a 20 mil pesos por llevar de un lugar a otro la gasolina extraída, dependiendo de la distancia y las condiciones del viaje.
“Por lo regular como transportista de este producto te ofrecen 10% o 15% de lo que se lleva en una carga, si el negocio ese día es de 150 mil pesos, te llevas de 15 mil a 20 mil pesos”, dijo bajo anonimato.
Para su distribución, las organizaciones delincuenciales han tejido nexos en las principales ciudades del estado, pese a su lejanía con el cinturón del robo de hidrocarburo.
Tiendas, viviendas particulares y hasta lavado de autos se han convertido, ahora, en negocios dedicados a la venta de huachicol. En Tehuacán, por ejemplo, la segunda ciudad más habitada en el estado, un intermediario entre los huachicoleros y los compradores puede ganar semanalmente hasta cinco mil pesos.
Un joven dijo a El Sol de Puebla en diciembre del año pasado que, por llevar hasta los compradores a las bodegas donde se comercializaba la gasolina robada, recibía mensualmente hasta 20 mil pesos.
Sin embargo, la perforación de ductos y la distribución y comercialización de gasolina robada no podría entenderse sin la complicidad de autoridades locales y hasta jefes policiacos.
De acuerdo con el columnista Alfonso Ponce de León, ha trascendido que funcionarios municipales de Tecamachalco recibían entre 800 y mil pesos por cada vehículo que atravesaba esta localidad transportando combustible robado.
A mediados de 2015 fue conocida, también, la detención de dos altos mandos de la Policía estatal que, previamente, habían sido denunciados ante la Contraloría por recibir hasta 25 mil pesos semanales por un operador de los chupaductos.
Se trató del ex director de la Policía estatal y del ex jefe del Grupo de Operaciones Especiales (Goes), Marco Antonio Estrada López y Tomás Mendoza Lozano, respectivamente, quienes fueron detenidos por el Ejército Mexicano.