Entrevista/Segunda Parte. El especialista en materia de seguridad advierte que de no acompañar la estrategia de seguridad con una política pública, se provocará una catástrofe y mayor violencia en los municipios

Por Guadalupe Juárez 

En los 23 municipios de la entidad poblana donde cruzan los ductos de Pemex –sobre todo en los seis con mayor índice delictivo– hay una bomba de tiempo que, si no es desactivada puede explotar en cualquier momento.

El escenario es apocalíptico. El Ejército y las fuerzas armadas que recién se internaron en Acatzingo, Acajete, Quecholac, Palmar de Bravo, Tepeaca y Tecamachalco para combatir el robo de hidrocarburos podrían convertirse en el detonante de una guerra del estado contra comunidades completas y del deterioro irreparable del tejido social, estrategia contraria a la que quiere el gobernador poblano José Antonio Gali Fayad.

La advertencia y el análisis son del especialista en temas de seguridad y estrategias del combate al crimen organizado en México, Mauricio Saldaña Rodríguez.

“Si tú les envías al Ejército, la Marina, la Policía Federal y a todas las corporaciones que quieras simplemente luchas no contra un conglomerado criminal, sino con una comunidad completa (…) simplemente no vas a poder vencerlos”, advirtió en entrevista con 24 Horas Puebla.

Los estragos de los enfrentamientos dejarán daños irreparables y un desplazamiento interno y externo de familias criminales a otras partes de la entidad o a otras zonas del país; el resultado es escalofriante: “si tú les quitas el combustible –su principal actividad– ya no van a temer dedicarse a otros delitos, principalmente el narcomenudeo y secuestro”, dice, delitos que probablemente se concentrarían en la capital poblana.

El experto basa su análisis en lo que sucedió en la guerra contra el narcotráfico durante el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien al acabar con las principales cabecillas de los cárteles y hombres clave de las organizaciones, las células delictivas se multiplicaron con líderes cada vez más sanguinarios y sin menos disposición para negociar, dos factores que se traducen en violencia a mayor escala.

Violencia que organizaciones y activistas sociales le reclamaron al ex mandatario federal por la sangre derramada y que llevó al Ejército a establecerse en las calles.

Una sola familia dedicada al robo de combustible puede pertenecer a distintos cárteles, explica el investigador; es decir, los primos pueden operar bajo la franquicia de Los Zetas y otros integrantes al Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que explicaría la violencia generada dentro de la misma comunidad.

De acuerdo con el especialista en seguridad, los cárteles del narcotráfico encontraron una forma de operar en la entidad poblana, un esquema de franquicias en las que sólo aportan a los grupos locales –entre ellos familias completas de una comunidad–  el entrenamiento y un escudo de protección ligero para burlar a las autoridades a cambio de una parte de las ganancias por el robo de hidrocarburos.

Es por ello que Saldaña Rodríguez urge a las autoridades locales a implementar junto a la estrategia de seguridad y la presencia de la milicia en los municipios citados, un plan de empleo que ofrezca oportunidades sólidas que ayuden a las familias ya involucradas con estas bandas delictivas a preferir un empleo formal a continuar con una vida delictiva.

 El investigador Mauricio Saldaña remarcó que los integrantes de una familia dedicada al huachicoleo pueden pertenecer a distintos cárteles. / JAFET MOZ
El investigador Mauricio Saldaña remarcó que los integrantes de una familia dedicada al huachicoleo pueden pertenecer a distintos cárteles. / JAFET MOZ

¿Cuáles son las familias?

Contrario a lo que pudiera pensarse, no todas las familias vinculadas con los grupos delincuenciales de robo de hidrocarburo –explica– son personas que siempre se han dedicado a actividades ilícitas, algunas “estaban en el momento, lugar y tiempo adecuado” y tenían las condiciones que los orillaron a involucrarse, ya sea sólo por contar con educación básica y la necesidad de obtener dinero de manera fácil.

“Seguramente entre los planes de estas familias no estaba dedicarse a una actividad criminal, pero tuvieron el momento adecuado y la instancia adecuada para poder entregarse a esa actividad”, debido a que en sus terrenos de siembra cruzan ductos de Petróleos Mexicanos o se encontraban en un punto estratégico para vigilar quién entra o no a estas comunidades.

A eso se suma –añade– que “hay que entender que no son familias con un perfil económico alto, son familias que tienen educación básica o intermedia y que puede ser halcón y ganar entre 14 mil o 15 mil pesos, a diferencia de que le ofreces ser obrero en el tercer turno a cambio de tres mil pesos al mes, ven más atractivo dedicarse a actividades ilícitas”.

Pero son precisamente estas condiciones las que generarían un efecto de bola de nieve incontrolable para los tres órdenes de gobierno, ya que estas familias al involucrarse con células criminales y al ver más retributivo dedicarse a delinquir, comenzarán a desplazarse a otras partes del estado, sin miedo para cometer más delitos.

“Ese es uno de los puntos por los que esta estrategia no es precisamente la adecuada, es decir, para que tú puedas terminar el problema no sólo debes de meter a los militares, necesitas ofrecerle algo a esas familias para que dejen de hacer lo que están haciendo”, dijo.

Efecto Bola de nieve

El panorama mostrado por Saldaña Rodríguez se ensombrece no sólo si se toma en cuenta los seis municipios donde se resguardaron los 500 elementos del Ejército Mexicano, sino los 23 municipios que conforman el corredor de robo de combustible que sigue la ruta de Veracruz a la Ciudad de México, en demarcaciones como San Martín Texmelucan, San Salvador el Verde y San Matías Tlalancaleca.

Por si fuera poco, todo se complica si se piensa en otros factores –indica el autor de 15 libros relacionados con el comportamiento de las células del crimen organizado– que en los próximos años enfrentará la entidad poblana y su gobierno: el efecto Trump, la migración interna y externa de las familias desplazadas y la presencia de las franquicias de los cárteles mexicanos.

El académico sentencia: “A cambio de nada le estás diciendo que deje su vida delictiva; estas familias realmente integran el tejido social de su comunidad, ese es uno de los problemas por los que el robo de combustible no se puede combatir en la forma tradicional,  basado en el Estado de fuerza”.

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