Entrevista/Tercera Parte. En la conclusión de esta plática, el experto Mauricio Saldaña propone la creación de polos de inversión que puedan ofrecer sueldos competitivos contra lo que dan los delincuentes
Por Guadalupe Juárez
La única forma de reparar el tejido social en las comunidades que han convertido el robo de combustible en su fuente de ingreso, es atraer grandes industrias y para eso se necesita inversionistas de la talla de un hombre: Carlos Slim.
Sólo si los inversionistas pudieran ofrecer la estabilidad laboral que compita con los salarios otorgados por el crimen organizado, se lograría parte de la solución para que los pobladores elijan una vida tranquila.
A decir del especialista en temas de seguridad y estrategias del combate al crimen organizado, Mauricio Saldaña Rodríguez, el gobernador José Antonio Gali no tendrá el tiempo ni los recursos suficientes para atraer este tipo de industria, aunque sí la capacidad para lograr un pacto entre todas las fuerzas políticas del estado para que el próximo mandatario se comprometa a seguir la línea que él comenzó.
La política que Gali Fayad tendría que impulsar debe ser transexenal y evitar “empezar de cero”, afirmó el investigador en entrevista con 24 Horas Puebla.
“A veces en los cambios de gobierno no aceptan continuar con las medidas empleadas en las anteriores (administraciones) y hay que empezar de nuevo todo, Gali Fayad puede evitarlo impulsando desde ahora un compromiso con todos los partidos, para que quien gane siga con una estrategia puntual y no diga que lo va a evaluar porque el problema ya está ahí”, dijo.
Saldaña Rodríguez aseguró que el gobierno estatal en los próximos años no sólo se enfrentará con los daños del crecimiento de los casos por robo de combustible, la participación de familias con el crimen organizado y los daños de la presencia militar en la zona, sino con la migración delincuencial de las personas que al “quitarles” el robo de combustible como principal actividad se dedicarán a otros ilícitos, como el secuestro.
Otra de las consecuencias es la multiplicación de los grupos delictivos, como sucedió en la estrategia de seguridad impulsada por el expresidente Felipe Calderón; “cuando inició la guerra contra el narcotráfico eran cinco cárteles, después esos cinco se convirtieron en 98 pandillas; eso puede suceder en Puebla con el robo de combustible: de una o dos células puedes terminar generando un ejército de personas dedicadas al robo de hidrocarburo, o de familias desplazadas que se dediquen a otras actividades ilícitas”.
A lo anterior se suma la posible ola de deportaciones por las políticas de migración del presidente Donald Trump, el mismo fenómeno migratorio interno y a otros países que siempre se presenta en la entidad, así como la presencia de células de cárteles del narcotráfico que funcionan como franquicias.
Por eso, el también catedrático sugiere que la estrategia a seguir por el gobierno estatal debe tener varias líneas: la primera, la de convertir las zonas de los huachicoleros en polos de inversión tipo Audi, para lo que necesitan empresarios “valientes”, quienes a su vez el gobierno estatal les conceda facilidades para su instalación, como la donación de predios o reducción de impuestos a cambio de instalarse en las zonas de conflicto.
Es por ello –advierte– que los empresarios locales no podrían, aunque quisieran, ser partícipes de un plan de este tipo pues los salarios con franquicias no serían suficientes ante la oferta de los cárteles.
“Una familia que está acostumbrada a recibir por todos sus integrantes (suponiendo que todos están involucrados) 60 mil pesos al mes, contra sueldos de tres o cinco mil pesos al mes; por eso, como gobiernos deben pensar: ¿qué puedo ofrecerles para que prefieran un trabajo honrado a delinquir?”, explicó Saldaña Rodríguez.
El investigador insistió en que se necesitan clústeres industriales y modificar por completo la vocación productiva del lugar; una de las propuestas sería la instalación de proveedores automotrices, pero también es sincero y asegura que el gobierno para eso tiene que garantizar la construcción de accesos que ahora no existen.
“Es necesaria la generación de riqueza en estos lugares, (pues) así evitan la migración y que las familias involucradas con el crimen comiencen a salirse de la vida delictiva”.
También señaló que, aunque atraer nuevas industrias es costoso, lo es más la reparación del daño por las confrontaciones entre el estado y las familias dedicadas al robo de combustible, y ahora integradas a las franquicias de los cárteles del narcotráfico.
“Por cada año de guerra se necesitan 10 años de reparación para la recuperación y decenas de miles de millones de pesos”, alertó.
Y aunque la línea de combate directo a las bandas de robo de combustible no es el ideal si no se acompaña de políticas públicas claras, donde el gobierno estatal garantice prestaciones de trabajo óptimas para evitar la inserción de familias en el crimen organizado, remarcó que es necesario que la estrategia permanezca, a pesar del término de la gestión de Gali Fayad.
Finalmente, Saldaña Rodríguez consideró insuficientes las acciones del gobernador, como las caravanas de salud y pláticas que emprenderán miembros de sus dependencias y el Ejército Mexicano, “si sigue sólo con esas acciones como política pública es como si al problema le recetara una aspirina; estas personas necesitan un sueño, no asistencialismo; con paliativos no refuerzas el tejido social, es necesario un acuerdo o un pacto macro; Gali debe buscar a grandes inversionistas”.
