Por Mario Galeana
El alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, es un “distractor” y un “alborotador” que ha “engañado” a los presidentes municipales al decir que el agua será privatizada en el estado, sentenció el gobernador José Antonio Gali Fayad.
El mandatario estatal reiteró que la más reciente reforma al artículo 12 de la Constitución de Puebla plantea que el agua es un “derecho humano”, y que en ningún apartado se señala la concesión privada por este servicio público.
Gali Fayad reconoció, sin embargo, que la acción de inconstitucionalidad que presentó Espinosa Torres ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y sus más recientes declaraciones –todas ellas encaminadas a apuntalar una candidatura por Morena en 2018– ha generado desconfianza entre presidentes municipales que, incluso, se han comunicado de manera directa con él.
“Ante este distractor o alborotador me han estado hablando algunos presidentes municipales (...) Me duele mucho que se siga politizando y engañando por algo que no va a suceder”, declaró.
Anteayer, Espinosa Torres dijo durante una conferencia de prensa que en al menos siete municipios se manipularon actas de Cabildo para otorgar constitucionalidad a la reforma aprobada por el Congreso de Puebla en enero pasado.
Ante esto, el Congreso del Estado negó “rotundamente que se hayan falsificado actas de cabildo de los ayuntamientos de Coronango, Juan C. Bonilla, San Miguel Xoxtla, Tlaltenango y San Martín Texmelucan”.
El Poder Legislativo dijo que “son falsas las acusaciones e interpretaciones en torno a una supuesta falsificación de documentos, toda vez que las actas de cabildos son legítimas y cumplen con lo que estipula la Constitución Estatal”.
Agregó que la reforma alcanzó constitucionalidad tras contar con el aval de 142 de los 217 ayuntamientos de Puebla.
Por su parte, Gali Fayad no descartó sanciones en contra del Ayuntamiento de San Pedro Cholula por el cobro indebido de saneamiento del agua, servicio que las autoridades municipales no han brindado pero que ha significado una recaudación de casi 6.5 millones de pesos.
Dijo que el consejo del Soapap se encuentra investigando el cobro indebido e, incluso, no desechó la posibilidad de que la Comuna deba regresar los recursos que recaudó sin prestar este servicio.