Congreso del Estado critica que el ex edil haya decidido judicializar su sanción en lugar de solventar sus irregularidades
Por: Mario Galeana
Foto: Archivo Agencia Es Imagen
El Congreso de Puebla criticó que el ex alcalde Eduardo Rivera Pérez haya decidido judicializar la sanción que los diputados locales aprobaron en su contra por el posible desfalco de 411 millones de pesos que cometió en su tercer año de gobierno, en lugar de dedicarse a solventar las irregularidades financieras detectadas.
El presidente de la Comisión Inspectora del Congreso local, Germán Jiménez García, dijo que la Auditoría Superior del Estado (ASE) definirá el curso de acción que tomará el Congreso local para hacer frente al juicio de amparo que emprendió Rivera Pérez.
El ex alcalde de Puebla presentó una demanda de amparo el martes 14 de marzo y el Juzgado Tercero de Distrito en materia de Amparo Civil admitió el recurso ayer. Esto, sin embargo, no pone en vilo el procedimiento sancionador aprobado por los congresistas el 15 de diciembre pasado.
“Bueno, la notificación del amparo está siendo revisada por la Auditoría. Nosotros, en la Comisión, tendríamos que sesionar para ver qué nos dice la Auditoría y poder sacar adelante el tema”, declaró.
Por su parte, Rivera Pérez explicó que la demanda cuestiona al Congreso del Estado y a la Auditoría por el retraso en la resolución del expediente, pues supuestamente la fecha límite para emitir un dictamen fue el 6 de marzo pasado.
En enlace telefónico, el ex alcalde yunquista aseguró que los representantes jurídicos del poder legislativo deberán acudir a una audiencia el próximo 25 de abril por no haber resuelto en tiempo si solventó el posible desfalco detectado en su mandato.
“Los diputados, el Congreso, ellos podrán tomar la decisión que vean pertinente. Lo que yo he dicho desde un inicio es que este inicio de procedimiento en mi contra es injusto, ilegal y arbitrario”, soltó.
Durante 2013, año en el que la ASE detectó irregularidades financieras, Rivera Pérez gastó 44 millones de pesos en la contratación de 28 consultoras, pero algunas de ellas poseen domicilios fiscales falsos.
Entre éstas, la empresa Multiservicios Integrales y Tecnología, que cobró alrededor de 1.3 millones de pesos de las arcas municipales a lo largo de tres años.
Según el portal de transparencia del gobierno municipal, la empresa que tiene como representante a Alejandra Solís Acevedo se ubica en la calle 20 de Noviembre de la colonia El Esfuerzo Nacional, pero en esta dirección sólo hay una vivienda particular sin ningún distintivo que acredite que se trata de un corporativo.