Las Serpientes
Por Ricardo Morales Sánchez /@riva_leo
Para impulsar su postulación como aspirante del PRI a Casa Puebla, el hoy subsecretario federal de la Sedatu y el actual delegado de esta dependencia en Puebla, Juan Manuel López Arroyo, su compadre, habrían desviado recursos por más de 60 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Social a nivel federal en 2015.
Dichos recursos fueron etiquetados en 2015 y canalizados a la entidad poblana para pagar los sueldos de los llamados Coordinadores Técnicos Sociales (CTS), a los cuales nunca se les vio trabajar en Puebla erradicando la pobreza.
El encargado de operar esos recursos fue el alter ego de Lastiri, su lugarteniente, Juan Manuel López Arroyo, un verdadero “pájaro de cuentas”, al cual colocó ahora al frente de la delegación de la secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para operar los “negocios” y apuntalar la supuesta campaña a Casa Puebla del originario de Zacatlán.
Bajo el cobijo y protección de la entonces titular de la Sedesol, Rosario Robles Berlanga, Lastiri logró bajar en Puebla esa bolsa millonaria cuya operación y distribución radicó en manos de su incondicional López Arroyo. En ese entonces los tres personajes eran parte de la dependencia encargada de “combatir la pobreza” en nuestro país.
En vez de utilizar los recursos provenientes de la Federación para la contratación de estos “coordinadores”, López Arroyo desvió los recursos para conformar la red de operadores políticos encargados del acarreo de beneficiarios de programas sociales a las mal llamadas “asambleas públicas comunitarias”, convertidas en escaparate para exhibir desde entonces a Juan Carlos Lastiri en su sueño por lograr ser el candidato priista a la candidatura por la gubernatura de Puebla.
Así es como Lastiri y López Arroyo han operado y mantenido una estructura paralela en Puebla, desviando recursos de la Federación en beneficio del sueño personal del subsecretario de la Sedatu; es por eso que reta a los priistas a que el candidato surja de una consulta a la base, sabedor de que con fondos públicos ha mantenido una estructura de operadores en todo el estado.
No es la primera vez que López Arroyo forma parte de la red de corrupción que Robles Berlanga extendió durante su paso por la Sedesol y que ahora se ha trasladado a la Sedatu.
La revista Proceso, en su edición del 21 de febrero de 2017, publicó un reportaje titulado, “Sedesol, los mil 787 millones de pesos desaparecidos en las gestiones de Rosario Robles y José Antonio Meade”.
En dicha publicación, López Arroyo, el compadre de Lastiri, aparece como el eje central de un desvío de recursos de la Sedesol en su calidad de director de la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales de esa dependencia, la cual otorgó contratos por 136 millones, 319 millones y 156 millones de pesos a las universidades Tecnológica del Sur del Estado de México, de Nezahualcóyotl y Politécnica de Texcoco, respectivamente, con el supuesto fin de mejorar el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), quienes a su vez subcontrataron y transfirieron 97.7% de los recursos a seis personas físicas y 12 morales, sin que existiera contrato o constancia que justificara los pagos.
Los contratos obligaban a las universidades a asumir el pago de los coordinadores técnicos sociales, quienes supervisan las obras realizadas con recursos del FAIS. Esta tarea no incumbe a la Sedesol, sino a los estados y municipios, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Para ello, la dependencia utilizó los recursos de la partida 44101, destinada a “gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria”, la cual no tiene nada que ver con los servicios contratados.
Los auditores realizaron visitas domiciliarias a cuatro proveedores, quienes “se negaron a proporcionar la información solicitada”. Se percataron posteriormente de que estas empresas “tienen actividades diferentes a los servicios solicitados”. Durante la auditoría, la Sedesol “no encontró” los “entregables” de las universidades, ni los supuestos informes de los trabajos de supervisión. Todo esto está plenamente comprobado por la Auditoría Superior de la Federación.
Para Puebla se había autorizado la contratación de mil 500 plazas, pero la dupla López Arroyo y Juan Carlos Lastiri desvió los recursos a la contratación de operadores para la promoción de este último, alrededor de 300, a los cuales se les asignaron salarios de entre 15 mil, 20 mil y hasta 40 mil pesos; el resto fue a parar a los bolsillos de estos dos personajes, quienes simularon la operación del programa.
(Continuará)