Tony Gali, gobernador del estado, y Luis Enrique Miranda, titular de la Sedesol federal, perfilan programa para instalar comedores y bibliotecas cerca de escuelas de franja huachicolera
Por Guadalupe Juárez
El titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Luis Enrique Miranda Nava, anunció que el gobierno de la República planea poner en marcha un proyecto donde incorporen comedores comunitarios y bibliotecas cerca de las escuelas a fin de que los niños se mantengan ocupados por las tardes mientras sus padres cumplen jornadas laborales.
Durante su visita a la entidad poblana, el funcionario explicó que esto evitará que los escolares en su tiempo libre se vinculen con bandas delictivas.
Sin embargo, reconoció que dicha estrategia no será implementada en la administración estatal actual por el tiempo que durará.
“Es un programa piloto, fundamental, que a lo mejor no nos da tiempo aplicarlo en esta administración (de José Antonio Gali Fayad), pero va a permitir que los niños no queden a merced de otros mientras papá y mamá llegan a las siete u ocho de la noche, hay que evitar esa descomposición social”, declaró al firmar dos convenios junto al mandatario estatal.
Además, analizarán reubicar las estancias infantiles que se ubican en los municipios que presentan un mayor número de tomas clandestinas en el estado; la idea consiste en integrarlas en espacios educativos y ya no en domicilios particulares para incrementar la seguridad de los menores que habitan en la zona.
Esta segunda opción aún la evaluarán con el mandatario, así como las medidas de protección a implementar en al menos las 16 estancias que se ubican en este lugar.
Gali Fayad ha dado a conocer en diferentes ocasiones que bandas dedicadas al robo de combustible utilizan a menores de edad como halcones y para vender el hidrocarburo, actividades por las que reciben hasta 12 mil pesos al mes.
Por esta razón –consideró– los niños preferían abandonar sus estudios al notar que ganaban más que sus padres dedicados al campo.
Por lo anterior, hace unos días informó que interpondría una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) al identificar 12 casos de jóvenes que son “empleados” por grupos criminales para cometer ilícitos, en su mayoría –declaró en esa ocasión– son menores de edad.
Otras de las medidas que realizó el gobierno del estado fue llevar caravanas a los seis municipios donde se presenta el mayor número de casos de robo de combustible, en los que personal de la Secretaría de Educación Pública y la de Desarrollo Social estatal ofrecerían empleos temporales y pláticas a menores de edad en las escuelas de las zonas, las cuales también impartiría el Ejército, con el objetivo de dar a conocer las consecuencias de involucrarse con el crimen organizado.