Tras el secuestro de tres agentes de seguridad, 500 elementos federales y estatales se movilizaron para capturar a 85 personas responsables del huachicoleo en Atzitzintla
Por Guadalupe Juárez
Durante los últimos años, en los municipios con mayor número de tomas clandestinas como Palmar de Bravo, Acatzingo y Acajete se desató una ola de violencia incontrolable, robo de vehículos, secuestros, extorsiones y amenazas a los pobladores de las comunidades cercanas. ¿Los responsables? La banda de Los Bukanas, célula delictiva perteneciente al cártel de Los Zetas.
Los miembros del crimen organizado habían encontrado un refugio en la entidad poblana en el municipio de Atzizintla, donde las mismas autoridades municipales los protegían; ahí hallaron la forma de sostener otras actividades delictivas sin mayor esfuerzo con la perforación de ductos de Pemex, y fue así como desplazaron a los grupos locales que se dedicaban a la extracción ilegal de hidrocarburo.
Sus tentáculos se fueron extendiendo a Palmar de Bravo, Tehuacán y Ciudad Serdán, municipios donde secuestraban a empresarios y exigían derecho de piso a comerciantes.
Los sicarios iban y venían de Veracruz –de donde eran originarios–, pero los ilícitos en Puebla crecían, así como el terror y la misma colusión de los pobladores con ellos; algunos se habían convertido en halcones.
En las calles del municipio gobernado por el edil de extracción perredista, Isaías Velázquez, Los Bukanas viajaban en vehículos robados frente a los policías municipales que no intervenían e inclusive los protegían a petición del munícipe, según declararon las autoridades estatales.
El jueves 9 de marzo, mientras Óscar, Luis Ernesto y Manuel –agentes de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto (Fisdai)– investigaban la presencia de la banda en el lugar, cuyos miembros viajaban en un vehículo robado, los mismos policías municipales los emboscaron y los entregaron a los sicarios, quienes los torturaron y asesinaron abandonando sus cuerpos en el estado de Veracruz.
Su secuestro movilizó a 500 elementos federales y estatales en un operativo denominado La Encrucijada, en la localidad de Palmar de Bravo, donde habían encontrado a los responsables de la muerte de los tres agentes y sin disparar –según datos de fuentes dignas de confianza– lograron desarticular a la banda criminal.
El saldo de las detenciones fue inédito: 85 personas, entre ellos el presidente municipal de Atzizintla, regidores, policías ministeriales, cinco mujeres, cinco menores de edad –quienes participaron de manera activa en la movilización como halcones– y miembros del cártel, excepto a su líder, apodado El Bukanas.
Así lo informó el gabinete de seguridad del estado de Puebla compuesto por el titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Diódoro Carrasco Altamirano; el fiscal General del Estado (FGE), Víctor Carrancá Bourget, y el secretario de Seguridad Pública (SSPE),
Jesús Morales Rodríguez. Éstos dos últimos funcionarios encabezaron el operativo.
La Encrucijada
De acuerdo con el fiscal general, la estancia de Los Bukanas en la entidad se originó desde la detención el año pasado en un operativo en la ciudad de Puebla de El Lalo, líder de dicho grupo delictivo.
El segundo al mando, El Bukanas, tomó el control del grupo y se internó en el estado originando “toda la actividad delictiva” en la región; entre los ilícitos perpetrados se encontraba el secuestro de una mujer en febrero de 2017, quien fue agredida sexualmente y a cambio de ser liberada su familia les entregó un automóvil.
Los tres agentes de la Fisdai se encontraban un una operación encubierta; al seguir el vehículo de la víctima lograron identificar varios puntos donde los delincuentes se resguardaban, pero en ese momento fueron retenidos por policías municipales en Atzitzintla y entregados a miembros del cártel. Aunque uno de los agentes de la Fisdai logró alertar a las autoridades estatales de lo sucedido, ya no lograron rescatarlos.
Los ministeriales fueron agredidos por los integrantes de Los Bukanas, quienes los secuestraron y llevaron a una comunidad llamada San José Cuyachapa, donde los ejecutaron. Más tarde, abandonaron los cuerpos en Maltrata, Veracruz.
El jueves por la noche, durante el operativo, un agente de la gendarmería –informaron– falleció en un accidente de tránsito camino a las comunidades donde se llevaba a cabo la movilización de las fuerzas armadas, la Policía Estatal y la Marina.
A las 23:30 horas de ese jueves, las autoridades lograron asegurar a 22 personas en Atzizintla y 65 más por La Encrucijada –en Palmar de Bravo– entre ellos operadores del grupo delictivo, líderes, escoltas, los tres sujetos que asesinaron a los agentes de la Fisdai ya mencionados, 16 armas largas, cinco cortas, tres granadas de fragmentación, uniformes tácticos y cuatro mil 600 cartuchos de armas largas.
Así como 30 vehículos blindados, entre unidades de lujo y otras utilizadas para el robo de combustible, además del hallazgo de seis tomas clandestinas.
Siguen células delictivas y operativos en el lugar
Carrancá indicó que tras la movilización policiaca tenían indicios de que las células delictivas se desplegaron en la zona, por lo que continuarían cerca para evitar un contraataque.
Según versiones periodísticas, el viernes las escuelas decidieron suspender clases por la tensión y el cerco de las autoridades alrededor del lugar; comercios y habitantes prefirieron no abrir para evitar cualquier posible enfrentamiento en la zona.
En la conferencia de prensa ofrecida el viernes pasado a medios de comunicación, Carrancá reconoció que han identificado más células pertenecientes al crimen organizado que estarían en la disputa por el control de zonas de robo de combustible, pero decidió omitir más detalles, ya que dijo podría afectar las investigaciones para desarticularlas.
Insistió que tanto las tomas clandestinas como los robos, secuestros y extorsión en los municipios de Palmar de Bravo, Quecholac, Acatzingo y Acajete en los últimos años se debía a la presencia de estos grupos.
A decir del fiscal en la zona mencionada operaban grupos dedicados a la perforación de ductos ilegal, pero al llegar el cártel de Los Zetas, fueron desplazados y tomaron el control para la extracción y venta del combustible robado.
Pemex debe incrementar la seguridad: Carrasco
El titular de la SGG aseguró que el gobierno del estado seguiría coordinándose con el federal para contrarrestar el robo de combustible a pesar de tratarse de un ilícito fuera de su jurisdicción, pero pidió a la paraestatal prestar mayor atención y vigilancia a los ductos.
Acerca de la detención del edil perredista, Diódoro Carrasco evitó mencionar si otro alcalde se encontraba vinculado con el crimen organizado, pero aseguró que sí habrá una investigación en los que encabecen las demarcaciones donde se presenta el robo de hidrocarburos.
“No puedo decir que todos los presidentes municipales están involucrados con el crimen organizado, sería injusto, al igual que decir lo mismo de los policías municipales”, dijo.
No obstante, recordó que continuarán con la aplicación de los controles de confianza a las fuerzas de seguridad municipales y estatales.
Edil y policías municipales, recluidos en Tepexi
La FGE informó a través de un comunicado que el alcalde de Atzizintla fue trasladado junto con cinco de los policías municipales involucrados al Centro de Reinserción Social en Tepexi de Rodríguez, donde fueron puestos a disposición del juez de control.
A los elementos municipales les imputaron el delito de asociación delictuosa y desaparición forzada de los tres agentes de la Fisdai.
De la misma forma y de acuerdo con la FGE, de los 85 detenidos 65 fueron puestos a disposición del juez de control por el delito de violación a la ley federal para prevenir y sancionar los delitos en materia de hidrocarburos, homicidios, acopio de armas de fuego, asociación delictuosa, espionaje a autoridades de seguridad pública y procuración de justicia, además de cargos por el enfrentamiento y agresión a elementos de la Fisdai.
En tanto, 12 personas liberadas bajo las reservas de ley y ocho menores de edad fueron entregados a sus familiares.
