Por: Staff 24 Horas Puebla
Ocho de los 12 regidores de San Pedro Cholula propinaron un nuevo revés al presidente municipal José Juan Espinosa Torres, al señalar que en su administración no existe la transparencia suficiente, por lo que decidieron enviar a la Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASEP) los estados financieros correspondientes a febrero de este año, ante una supuesta aplicación inadecuada de los recursos ejercidos.
En un breve comunicado, los integrantes del Cabildo manifestaron que en sesión extraordinaria efectuada este viernes se determinó adjuntar a la documentación una cédula del impuesto predial del mismo mes.
Aquí el texto:
“A la opinión pública:
“El día de hoy se llevó a cabo la sesión extraordinaria de Cabildo de San Pedro Cholula, en la cual uno de los puntos del orden del día, como consta de la imagen que se agrega, fue la autorización para enviar a la Auditoría Superior del Estado (ASE) los estados financieros del mes de febrero de 2017, así como la cédula de impuesto predial del mismo mes. Se votó por mayoría de 8 votos en contra toda vez que los regidores que suscribimos este comunicado de prensa consideramos que no existe la transparencia suficiente en la adecuada aplicación de los recursos ejercidos en el mes de febrero”.
El comunicado está suscrito por Arturo Carranco Blanca, regidor de Hacienda; Ricardo García Coconi, de Agricultura; Renato Augusto Lorenzini Rangel, de Industria y Comercio; Pablo Melgarejo Luna, de Deporte; María de la Luz Miramón Reyes, de Migración; Carmen Rojas Franco, de Turismo; Víctor Manuel Romero Tecpanécatl, de Gobernación, y Eduardo Aguilar Tamos, de Salud.
En días pasados, el mismo grupo de funcionarios municipales afirmó que el Cabildo jamás aceptó la presentación de la controversia constitucional que el alcalde José Juan Espinosa Torres promovió en contra de la reforma al Artículo 12 constitucional, donde se garantiza el acceso al agua potable.
Por ello, acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde presentaron un escrito donde acusan que el alcalde y la síndico, Esperanza Estela Chilaca Muñoz, falsearon una sesión de Cabildo para presentar la controversia constitucional ante la Corte el pasado 13 de febrero.