Legisladores buscan sancionar con cuatro a 10 años de cárcel y multas hasta de 40 mil pesos contra funcionarios y ciudadanos que promuevan asentamientos irregulares
Por Mario Galeana
El Congreso de Puebla analiza imponer penas de cuatro a 10 años de cárcel y multas hasta de 40 mil pesos en contra de los funcionarios y ciudadanos que, por omisión o iniciativa propia, permitan o impulsen la instalación de asentamientos irregulares en el estado.
La propuesta fue presentada al pleno por el presidente de la Comisión de Asuntos Metropolitanos, Pablo Fernández del Campo, e incluye a todas las entidades públicas o privadas que autoricen de manera indebida la construcción de viviendas en zonas de riesgo.
Las penas de cárcel y multas, indica la iniciativa, se impondrán “independientemente de las que correspondan en caso de acreditarse un daño patrimonial o lucro indebido”.
“Es necesario consolidar un modelo de desarrollo urbano que genere bienestar para los ciudadanos, garantizando la estabilidad social, económica y ambiental. También deben evitarse los asentamientos humanos en zonas de riesgo y disminuir la vulnerabilidad de la población urbana ante desastres naturales”, señala la propuesta que reforma el Código Penal de Puebla.
Un asentamiento humano irregular se desarrolla cuando un grupo de personas se establecen en un inmueble dividido para fines de vivienda, comercio o industria sin contar con las autorizaciones de las autoridades, explicó Fernández del Campo.
Las autoridades del Ayuntamiento de Puebla reconocen que en la capital hay por lo menos 180 asentamientos irregulares que ocupan 35% del área urbana total.
Este tipo de establecimientos son también las zonas que concentran el mayor nivel de marginación. Como ejemplo, el Plan Municipal de Desarrollo de la capital de Puebla indica que la existencia de estas zonas y su crecimiento descontrolado han segregado a la población y han producido carencia de la mayor parte de los servicios básicos.
Además, los habitantes de estas zonas se han convertido en botín de agrupaciones sociales como Antorcha Campesina.
Recientemente, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Puebla, Myriam Arabian Cuottolec, dijo que hay organizaciones de paracaidistas que se apropian de predios de manera ilegal y dan fracciones de terrenos a familias de escasos recursos, a las que después amenazan con quitarles estos predios sino los apoyan en protestas, mítines o marchas.