Tras revisar nueve toneladas de documentos presentados por el ex alcalde capitalino a las autoridades, la Auditoría Superior del estado halló nuevos indicios de millonario daño patrimonial
Por Mario Galeana
Tras la revisión de nueve toneladas de documentación que el ex alcalde Eduardo Rivera Pérez presentó a las autoridades, la Auditoría Superior del Estado (ASE) sigue la pista de un presunto daño patrimonial de por lo menos 90 millones de pesos.
De acuerdo con fuentes dignas de crédito, existen indicios que en 2013, durante su tercer periodo de gobierno, el ex presidente municipal otorgó diversos contratos a empresas fantasma ligadas a las familias tradicionales del PAN y de la Organización Nacional del Yunque, convenios de donde, presuntamente, proviene el daño patrimonial.
Bajo la gracia del anonimato, las fuentes ligadas al proceso de fiscalización revelaron que el supuesto desfalco de 411 millones de pesos por el que originalmente el Congreso de Puebla fincó el inicio de un procedimiento administrativo y de responsabilidades en contra de Rivera Pérez, a mediados de diciembre pasado, es sólo una quinta parte de esa cantidad.
El uso de empresas fantasma, es decir, con registro ante la Secretaría Hacienda y Crédito Público (SHCP) pero con domicilios fiscales anómalos y falta de experiencia, fue una constante durante la gestión del promotor en Puebla de la asociación Yo Con México.
24 Horas Puebla documentó que el ex munícipe erogó 44 millones de pesos en “asesorías externas” sólo en 2013. Los contratos fueron otorgados a personajes ligados a Rivera Pérez, a través de corporativos que incumplían distintos requisitos administrativos.
De hecho, entre 2011 y 2013, el hoy delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN en el Estado de México aumentó hasta en 359.1% el pago del Ayuntamiento de Puebla por asesorías externas que fueron otorgadas a 28 personas físicas y morales.
Los millones de el Yunque y el caso Íñigo Ocejo
Una de las beneficiadas fue, por ejemplo, Alejandra Solís Acevedo, militante del PAN desde el 1 de noviembre de 2011, según el Registro Nacional de Militantes de este partido.
Solís Acevedo figura como administradora única de la empresa Multiservicios Integrales y Tecnología, que cobró alrededor de 1.3 millones de pesos de las arcas municipales desde 2011 a 2013.
Esta empresa fue multiusos para el gobierno de Rivera Pérez, pues fue proveedor de “papelería, equipo de cómputo y construcción” del Ayuntamiento capitalino y, a la par, asesor para el “diseño, desarrollo y redacción” de los tres informes de gobierno municipal.
Según el portal de transparencia del gobierno municipal, Multiservicios Integrales y Tecnología se localiza en la calle 20 de Noviembre de la colonia El Esfuerzo Nacional, pero en esta dirección hay sólo una vivienda particular sin ningún distintivo que acredite que se trata de un corporativo.
Por si fuera poco, la administración de Rivera Pérez no quedó libre de señalamientos por el enriquecimiento exprés de algunos funcionarios municipales.
Íñigo Ocejo Rojo es el caso más emblemático de las acusaciones. Con un salario mensual de 142 mil 334 pesos, el ex secretario de Administración y Tecnologías de la Información logró amasar una fortuna de siete millones 193 mil 863 pesos en tan sólo un trienio.
Esto, además de una casa ubicada en el exclusivo fraccionamiento La Misión, que tiene un valor comercial estimado de 10 millones 676 mil 859.58 pesos.
Ocejo Rojo es hijo del ex senador Jorge Ocejo Moreno y cabeza de una de las “familias custodias” de El Yunque, y a la fecha se desconoce su paradero.
Un panista más que resultó beneficiado de la anómala contratación de consultorías durante el trienio riverista fue Miguel Marcelino Álvarez Lozano, militante blanquiazul desde el 1 de octubre de 1982.
De acuerdo con informes de transparencia del Ayuntamiento capitalino, en 2011 Álvarez Lozano cobró 497 mil 129 pesos por una “consultoría del sistema de gestión”.
En 2012, el mismo personaje recibió 370 mil pesos por “establecer talleres de planeación estratégica” del Sistema Municipal DIF. Y, finalmente, en 2013 aparece nuevamente como consultor, pero el registro sobre el monto que recibió no se encuentra disponible.
Un personaje más ligado al PAN y beneficiado en la administración del yunquista fue Leobardo Rodríguez Juárez. Sin que el monto erogado se encuentre disponible en los registros de transparencia, en 2013 el Ayuntamiento de Puebla contrató a este personaje para realizar “un proceso de evaluación del desempeño de cada una de las áreas del Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla”.
En 2011, mientras Rivera Pérez era diputado local, Rodríguez Juárez trabajó como secretario particular del presidente de la Gran Comisión del Congreso de Puebla. Y para 2015, según reportes periodísticos, fungía como enlace administrativo de la Secretaría de Gobernación del Ayuntamiento capitalino.
Acciones del Congreso contra Rivera
Legisladores poblanos han criticado que el ex alcalde haya decidido judicializar la sanción que los diputados locales aprobaron en su contra por su tercer año de gobierno:
Las empresas fantasma
Entre las millonarias asignaciones que aprobó Eduardo Rivera Pérez destacan, sobre todo, empresas con domicilios fiscales falsos y nula experiencia laboral con otros gobiernos del país, lo que supone el uso de prestanombres.
Por ejemplo, Construcciones y Remodelación Angelopolitanas, representada legalmente por Beatriz López Flores, cobró 14 millones 335 mil pesos del 31 de julio al 31 de diciembre de 2012 por los servicios de “revitalización, mantenimiento preventivo y correctivo e iluminación de fuentes”.
Según el padrón de proveedores, la empresa se ubica en la cerrada Ciruelo del Infonavit Amalucan, pero en la calle no hay un solo anuncio sobre la ubicación de una compañía.
La contratación de Construcciones y Remodelación Angelopolitanas corrió a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente, cuyo titular era Alejandro Fabré Bandini. En febrero de 2014, el periodista Arturo Luna Silva aseguró que Beatriz López Flores estaba vinculada a José Gil Jiménez y Flores, quien era director jurídico del Organismo Operador del Servicio de Limpia y amigo de Fabré Bandini.
Éste sería el primer y último contrato de la compañía, pues no hay registro de que haya participado en ningún concurso de licitación al término del gobierno municipal de Rivera Pérez.
Virus Consultores SC es un ejemplo más de la contratación de empresas anómalas. En 2013, Rivera Pérez aprobó pagos por 306 mil 240 pesos a esta firma, cuyo domicilio, teléfono o representante público jamás fueron incluidos en los reportes de transparencia del Ayuntamiento. Con el fin del trienio riverista, la empresa no volvió a figurar en la lista de proveedores de ningún gobierno en el país.
La lista de consultoras beneficiadas incluye también al Corporativo Nepk, con sede en la calle Heriberto Jara Corono, en Xalapa, Veracruz. Una vivienda particular que colinda con una iglesia y una peluquería es el escenario del domicilio que registra esta empresa contratada por el Ayuntamiento por 19 mil 720 pesos para el “apoyo logístico especializado en el tema de salud para el desarrollo de las jornadas médicas” que realizó el Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla del 1 al 9 de octubre de 2011.
Al listado se suma la Sociedad de Abogados, Consultores y Estudios Socioeconómicos, SC (SACBES) que recibió adjudicaciones por un monto de 9.5 millones de pesos entre 2011 y 2013 sin que a la fecha se conozcan el resultado de las asesorías que brindó al Ayuntamiento de Puebla.
Seguimiento periodístico
Las irregularidades en los manejos del ex alcalde han sido puntualmente publicados por esta casa editorial:
Lalo, el perseguido
Por Guadalupe Juárez
Desde redes sociales, Eduardo Rivera Pérez ha intentado responder a las observaciones de la ASE y del Congreso local con videos donde da cuenta del proceso que enfrenta y reitera ser un “perseguido político”
