Por Guadalupe Juárez
José Antonio Gali Fayad, gobernador del estado, rechazó que la presencia de militares en los seis municipios que presentan más casos de robo de combustible tengan los mismos estragos que en otra parte del país; “aquí los militares no están en las calles”, afirmó.
A pregunta expresa sobre si se considera viable “militarizar” el país, en este caso Puebla, el mandatario poblano aseveró que los 500 elementos del Ejército y Policía Federal sólo son un “refuerzo” para combatir el robo de hidrocarburos en la entidad y no para otras tareas de seguridad en otros municipios que no presentan dicha problemática.
Los municipios donde se han destinado refuerzos de la milicia y de la Policía Federal, así como elementos estatales, son Acatzingo, Acajete, Quecholac, Palmar de Bravo, Tepeaca y Tecamachalco.
Ediles del cinturón huachicolero, bajo lupa
Por otra parte, Gali Fayad confirmó que hay ediles de la zona de robo de combustible que son investigados y consideró que la medida se debe a que “es una obligación de Estado”, y de esta manera asegurarse de que nadie más está coludido con las bandas de chupaductos.
Después de la ceremonia del Natalicio de Benito Juárez llevada a cabo en la ciudad de Puebla, el mandatario estatal dijo que sólo espera las denuncias –que pueden ser anónimas– para continuar con las investigaciones en contra de los funcionarios públicos que puedan tener vínculos con las bandas delictivas dedicadas a perforar ductos de Pemex de manera ilegal.
De acuerdo con versiones periodísticas la Fiscalía General del Estado (FGE) después de la detención del presidente municipal de Atzitzintla, quien al parecer protegía a una banda de huachicoleros en su demarcación, inició una investigación en contra de otros munícipes como los de Quecholac, Palmar de Bravo, Acatzingo y Acajete.
Gali Fayad también mencionó que aún no hay resultados por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre las cuatro gasolineras en la entidad que son investigadas por presuntamente adquirir combustible robado para después comercializarlo, como dio a conocer en febrero de este año.
Según lo revelado por el gobernador, las autoridades federales ubicaron cuatro centros de abasto de combustible que vendían gasolina y diésel sin comprarle a Petróleos Mexicanos, lo cual derivó que fueran investigadas.
