Bitácora
Por Pascal Beltrán del Río
El cambio de partido en el poder a través de las urnas es el signo de los tiempos políticos del país.
En 17 de las últimas 29 elecciones de gobernador, y 13 de las últimas 21, los votantes han optado mayoritariamente por expulsar de los palacios de gobierno a los partidos gobernantes.
No importa si, para hacerlo, han tenido que recurrir a candidatos que antes militaban en la misma fuerza política a la que están rechazando.
Por ejemplo, de las 13 alternancias que se dieron entre 2015 y 2016, el PRI fue expulsado del poder en nueve de ellas, y los electores pusieron en la gubernatura a cuatro ex priistas. Así sucedió en Nuevo León, Durango, Veracruz y Quintana Roo.
En seis de las 13 entidades que han vivido la alternancia en los últimos dos años, los gobernadores entrantes han convertido la persecución judicial de sus predecesores en una de sus prioridades.
En Sonora, Nuevo León, Veracruz, Chihuahua, Durango y Quintana Roo los gobernadores que antecedieron a los actuales mandatarios estatales han sido señalados por actos de corrupción o, de plano, están bajo proceso.
Aunque todavía no queda claro si los ex gobernadores Jorge Herrera, de Durango, y Roberto Borge, de Quintana Roo, tendrán que enfrentar alguna acusación, se percibe la intención de sus sucesores de revisar las cuentas que dejaron.
En cambio, los exgobernadores Guillermo Padrés, de Sonora, y Rodrigo Medina, de Nuevo León, ya han pisado la cárcel por la acción de sus sucesores, mientras que Javier Duarte, de Veracruz, y César Duarte, de Chihuahua, están prófugos.
Lo anterior hace que seis gobernadores en funciones formen parte de una especie de Liga de la Justicia: el neoleonés Jaime Rodríguez Calderón, la sonorense Claudia Pavlovich, el duranguense José Rosas Aispuro, el chihuahuense Javier Corral, el quintanarroense Carlos Joaquín y el veracruzano Miguel Ángel Yunes.
¿Tendrán éxito esos seis fantásticos en su lucha contra el azote de la corrupción? ¿Dejarán sus respectivos estados más limpios de lo que ellos los encontraron?
Ya veremos.
Lo cierto es que los seis han escuchado la irritación ciudadana con los negocios hechos al amparo del poder y han decidido –unos en mayor medida que otros– convertir esa causa en cruzada personal.
No así los otros gobernadores llegados por la vía de la alternancia en 2015 y 2016: el sinaloense Quirino Ordaz Coppel, el tamaulipeco Francisco Cabeza de Vaca, el aguascalentense Martín Orozco, el michoacano Silvano Aureoles, el guerrerense Héctor Astudillo, el oaxaqueño Alejandro Murat y el queretano Francisco Pancho Domínguez.
Para bien o para mal, esos siete gobernadores traen otra estrategia. No andan revisando las cuentas de sus predecesores.
Ya no se diga los mandatarios estatales que sucedieron a alguien de su propio partido en los dos años anteriores: el sudcaliforniano Carlos Mendoza, el potosino Juan Manuel Carreras, el campechano Alejandro Moreno, el tlaxcalteca Marco Antonio Mena, el hidalguense Omar Fayad, el zacatecano Alejandro Tello y el poblano Antonio Gali. Ellos tampoco andan buscando la suciedad escondida debajo del tapete.
Ayer arrancaron las contiendas para gobernador en tres entidades. Las tres –Coahuila, Estado de México y Nayarit– son gobernadas por el PRI.
Por simple estadística, es muy posible que dos de esas elecciones terminen en alternancia y una de ellas vaya a ser gobernada por un justiciero que quiera mandar a la cárcel a su predecesor.
Los ganadores de las votaciones de junio ya tendrán tiempo para saber cómo le fue a algunos que han emprendido esa tarea, si los ciudadanos la premian o la ven como más de lo mismo.