Bitácora
Por Pascal Beltrán del Río
Desde la lejana reforma política de 1990 –negociada entre el presidente Carlos Salinas de Gortari y la dirigencia nacional del PAN– se intentó poner un freno a la afiliación colectiva a los partidos y la obligación de los individuos de pertenecer a una organización política.
El esfuerzo continuó en las reformas electorales de 1995-1996 y 2007-2008.
En la actual Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, promulgada en 2014, se estipula que entre las infracciones a dicha legislación está “realizar o promover la afiliación colectiva” a los partidos políticos (artículo 453).
También prohíbe que “organizaciones, sindicatos o corporativos” hagan aportaciones o donativos en efectivo o especie a candidatos (artículo 401).
El corporativismo fue la base del funcionamiento del sistema político del partido de Estado que rigió en México el siglo pasado.
Las organizaciones de obreros, campesinos y del llamado sector popular (es decir, todos los demás) fueron incorporados al partido oficial, a fin de legitimar el ejercicio del poder con apoyo de las masas. Con esas organizaciones se pactaba una serie de cuotas, beneficios y canonjías, a fin de que respaldaran las acciones del gobierno y votaran por los candidatos del partido.
Como ese sistema impedía la libre afiliación política de los agremiados –y favorecía naturalmente al PRI–, la oposición exigió durante décadas que fuesen explícitamente proscritas por la legislación electoral las prácticas corporativas.
Sin embargo, cuando esos opositores llegaron al gobierno dejaron de ver la afiliación colectiva como algo pernicioso e incluso la adoptaron.
No pueden olvidarse las loas que el primer secretario del Trabajo en el sexenio de Vicente Fox, Carlos Abascal, tuvo para el sempiterno líder de la CTM y pilar del corporativismo, Fidel Velázquez.
Y también cómo el PAN gobernante intentó formar sus sectores a la usanza del PRI.
Pues bien, aunque la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos” (artículo 41, reformado en 2014), el corporativismo aún campea en el escenario electoral del país.
Dos ejemplos recientes dan cuenta de ello. Ayer, el diario Zacatecas en Imagen, que dirige el colega y buen amigo Luis Enrique Mercado, publicó que el gobierno estatal dispuso, “por instrucciones del gobernador Alejandro Tello”, que “todos los burócratas de la entidad, de jefe del departamento para arriba, deben afiliarse al PRI y dar dos aportaciones quincenales al partido, una en efectivo y otra por nómina”.
Para que no quedara duda, relata la nota, Jorge Durán, tesorero del PRI, y Juan Francisco del Real, jefe de la oficina del gobernador Tello, se reunieron el jueves pasado con 27 coordinadores administrativos del gobierno estatal para decirles que “la afiliación y la aportación eran en correspondencia a que ‘gracias al PRI tienen trabajo todos los burócratas’”.
El segundo caso es la práctica que se instituyó en el ayuntamiento de Texcoco cuando éste era encabezado por Delfina Gómez Álvarez, actual candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, y que por lo visto continúa.
De la tesorería municipal salieron cheques pagaderos al Grupo de Acción Política (GAP), organización que encabeza el actual alcalde de Texcoco, el morenista Higinio Martínez Miranda.
De acuerdo con información publicada por este diario, las sumas pagadas al GAP han salido de descuentos realizados a trabajadores del ayuntamiento. Por ejemplo, en un solo mes, junio de 2015, descontaron dos mil 880 pesos a Edmundo Rosales López, quien ha fungido como director de Servicios Públicos del municipio.
¿Son legales esas prácticas en el gobierno de Zacatecas y el ayuntamiento de Texcoco? ¿Puede obligarse a un funcionario a financiar a su partido, descontándole el dinero directamente de la nómina? ¿Qué diferencia hay entre eso y los descuentos que, antes de la Reforma Educativa, la SEP hacía a los maestros para transferir el dinero al SNTE?
El viejo corporativismo, ideado en la etapa autoritaria del país, goza de cabal salud.