Por: Guadalupe Juárez / Fotos: Agencia Es Imagen
El ex edil de la capital poblana, Eduardo Rivera Pérez, fue inhabilitado por 12 años para ocupar cualquier cargo público, además de que le fue impuesta una sanción económica de 25 millones 597 mil pesos.
El Congreso del estado aprobó el dictamen por irregularidades de 286 millones de pesos y un daño patrimonial de 12.5 millones de pesos, con 32 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones.
Los votos en contra correspondieron a la diputada del PRD, Socorro Quezada Tiempo, Julián Peña Hidalgo y Pablo Montiel, quien fue colaborador de Rivera Pérez, mientras que las abstenciones fueron de Geraldine González y Carolina Beauregard.
Montiel alegó que el legislativo local no contaba con las facultades para sancionar al ex munícipe e insistió en que se trataba de un procedimiento "amañado".
En respuesta el panista, Pablo Rodríguez, reviró al riverista al puntualizar que para él era “una situación complicada” votar por la inhabilitación de alguien que pertenece a su partido, pero que tenían que dar a conocer la resolución del proceso administrativo por la misma petición del ex munícipe.
Aguilar Chedraui detalló ayer, en entrevista, que la sanción será aplicada por distintas irregularidades cometidas en la construcción de obra pública durante el tercer año de gobierno de Rivera Pérez, como la falta de cumplimiento de criterios técnicos y la asignación anómala a contratistas.
“Toda obra, sea una carretera o un bulevar, debe tener cierta longitud, cierto ancho, cierto volumen de concreto; debe haber una licitación pública o un expediente ejecutivo. Esto no siempre se cumplió (con Eduardo Rivera). Hay espesores menores de los que se prometió en el contrato, hay deficiencias en la ejecución de obra, problemas en la integración del expediente de la licitación pública y deficiencias importantes que llevan a presentar esta sanción”, declaró.
A mediados de diciembre del año pasado, el Congreso de Puebla aprobó el inicio de un procedimiento administrativo y de responsabilidades en contra del ex alcalde, después de que se detectaran irregularidades por 411 millones de pesos en su cuenta pública 2013, aunque esa cifra ha disminuido a 286 millones.
Según Aguilar Chedraui, coordinador del grupo legislativo del PAN, Rivera Pérez optó en los últimos tres meses y medio por criticar el procedimiento de fiscalización –al que están sujetos todos los funcionarios públicos del país–, en lugar de solventar las irregularidades detectadas en su gestión.
Incluso, detalló que el ex alcalde se ausentó el 4 de abril a una audiencia con la Auditoría Superior del Estado (ASE), en la que pudo presentar más pruebas para librar la sanción.
“Él decidió litigarlo. Ayer mismo dijo que esto se va a tribunales. Y es correcto: a partir de mañana (hoy) eso será lo que ocurrirá, porque así lo decidió. Se presentó a una primera audiencia sin elementos probatorios y decidió no presentarse a la segunda. Yo pregunto: si todo está en orden, si todo está documentado, ¿por qué no comprobarlo?”, reprochó el presidente del poder legislativo.
Niega PRI que fuera a votar en contra de la inhabilitación
A pesar de que ayer a través de Twitter el dirigente estatal del tricolor, Jorge Estefan Chidiac, anunció que la coordinadora de la bancada priista, Silvia Tanús Osorio, le había avisado que iban a votar en contra del dictamen contra Rivera Pérez, la diputada rechazó estas declaraciones. “Eso lo dijo Estefan, yo respeto” dijo.
También negó que la votación de la banda a priista obedezca a las condiciones electorales del Estado de México, pues afectarían la imagen del tricolor si defienden a un panista integrante del equipo de la candidata Josefina Vázquez Mota.
Desde la mañana, Estefan Chidiac en entrevista con el periodista Ricardo Morales reconoció que no iban a apoyar al ex edil panista.
Diputados suben por la azotea para asistir a la sesión
La sesión extraordinaria que fue convocada al mediodía dio inicio cerca de las 13:00 horas debido a que el acceso al Congreso local se encontraba un grupo de manifestantes que pedían “castigar” a Rivera Pérez, por lo que personal de seguridad del recinto impidió el paso de los medios de comunicación y legisladores.
Fue hasta que al diputado Julián Peña Hidalgo le indicaron que podía asistir al Legislativo a través de las instalaciones del PRI municipal, por lo que junto a otros miembros del Revolucionario Insitucional subieron por las azoteas de ambas instalaciones hasta llegar al pleno.