Luego de que se reafirmara que el acceso al líquido es un derecho humano, el gobernador recordó que la aprobación de la Ley del Agua permitió que la empresa invirtiera en la reparación de la red hidráulica
Por Guadalupe Juárez
Tras reafirmar que la reforma al Artículo 12, fracción sexta, de la Constitución del estado garantiza el acceso al agua como un derecho humano, el gobernador José Antonio Gali Fayad también aseveró que es necesaria la operación de Concesiones Integrales para reducir la deuda registrada por este concepto en la capital poblana, además de que “puso orden” en el servicio.
Después de ser cuestionado sobre si echarían atrás la Ley de Agua del estado de Puebla que abre la posibilidad de concesionar el servicio en varios municipios, modelo que en la actualidad opera en la capital poblana, Gali Fayad aseguró que no es necesario.
La modificación en su momento –agregó– se debió a que una tercera parte de los nueve mil millones de pesos de deuda heredada por la administración de Mario Marín Torres, era por el agua.
“Lo que nosotros heredamos en 2011, cuando era secretario de Infraestructura, de esa gran deuda en cuestión del agua eran de más de tres mil y tantos millones de pesos y pusimos orden en este tenor; lo que se viene haciendo con la concesionaria es exigirle a Agua de Puebla invertir, como la planta potabilizadora que está en construcción y otras inversiones que vienen dentro del mismo contrato”, declaró.

Al recibir la concesión de la operación del servicio de agua potable y alcantarillado de la zona metropolitana, la empresa se encargó de invertir 10 mil millones de pesos, para obras como la planta potabilizadora, cambios y reparación de tuberías de la capital del estado.
Por lo anterior, rechazó que sea necesario pedirle al Congreso local un cambio en la ley respecto al tema, donde se eche atrás la reforma aprobada en septiembre de 2013 y que, sus opositores –como el edil de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa–, buscan capitalizar de forma política de nueva cuenta.
El mandatario calificó el trabajo con la empresa concesionaria conocida como Agua de Puebla como una “valiente decisión” que no sólo permite el saneamiento del agua, sino la “deuda heredada”, dijo.
En 2013, la Ley de Agua del estado de Puebla impulsada por el ex mandatario Rafael Moreno Valle proponía que 25 Sistemas Operadores de Agua Potable y Alcantarillado ya no fueran manejados por sus Ayuntamientos, sino por empresas privadas, encargadas de suministrar el servicio.
La capital poblana fue la primera en aplicar la nueva legislación y en 2014 otorgó el servicio a Concesiones Integrales, la cual en un inicio fue rechazada por la población al denunciar que los recibos del vital líquido elevaron sus tarifas después de su llegada.
