Esfera Pública
Por Elías Aguilar García
Quienes piensan que la detención del ex gobernador Javier Duarte beneficia al PRI y al gobierno federal están equivocados. Déjenme explicarles brevemente por qué:
- La percepción de corrupción en el país se incrementó durante la gestión de Enrique Peña Nieto, es decir, con un gobierno federal priista. Los eventos de corrupción experimentados por cada víctima pasaron de 2 al año en 2013 a 2.4 en 2015, de acuerdo con el INEGI. Y la población piensa que hay más corrupción en general; por ejemplo, la encuestas del periódico Reforma han documentado el incremento en esa percepción: en julio de 2015, un 40% de personas entrevistadas por ese diario dijo que la corrupción se había incrementado; para agosto de 2016, esa percepción subió a 55%. Considerando ese contexto, es claro que el ciudadano relaciona el fenómeno de corrupción con el PRI y que el tema se convirtió en prioritario durante la administración de Peña Nieto; por tanto, enjuiciar a un ex gobernante emanado del PRI no va a reducir la percepción de corrupción, dado que el tema vino justamente aparejado con el gobierno federal en manos del PRI.
- Los escándalos de corrupción política son principalmente de gobiernos estatales del PRI. Esa afiliación partidista tenían –antes de la deslindocracia que suelen aplicar los partidos en estos casos– la mayoría de ex mandatarios señalados por corrupción. Es el caso de los detenidos Javier Duarte (Veracruz) y Tomás Yarrington (Tamaulipas) y César Duarte, ex gobernador de Chihuahua; Eugenio Hernández, de Tamaulipas, y los rumorados casos de ex mandatarios de Durango y Quintana Roo. Todos priistas.
- Las detenciones fueron realizados por gobiernos extranjeros. Tanto con Javier Duarte como con Yarrington y el ex fiscal de Nayarit, a ninguno de los tres priistas los interceptó la autoridad mexicana; en todo caso, se omitió la acción legal evidente contra estos personajes, lo que el ciudadano de a pie interpreta como encubrimiento y, por supuesto, impunidad.
- Los niveles de aprobación del presidente de la República no repuntan. A pesar de las detenciones, y sumándoles las de Jesús Reyna del estado de Michoacán, Guillermo Padrés de Sonora y Andrés Granier de Tabasco, no impactaron ni impactarán el porcentaje de aprobación de Peña Nieto por tratarse de insatisfactores. Es decir, cuando el gobierno cumple su obligación –como la pavimentación, por ejemplo– el ciudadano no aplaude porque percibe que se trata de un deber, pero cuando el gobierno incumple sus obligaciones, entonces el ciudadano sabe que se trata de una omisión y reacciona con castigo rotundo.
- Estas detenciones no favorecen al PRI en la opinión pública porque les recuerdan a los electores que los procesados proceden de ese partido; por tanto, el tricolor sale perjudicado.
Por estas cinco razones, los casos de Yarrington y Duarte en vez de beneficiar al PRI, lo perjudican, sean un distractor o una cortina de humo o tengan el propósito de mostrar a un presidente de la República comprometido con las obligaciones que le impone la institución que representa, más allá de su simpatía partidista a favor del PRI. Peor aún: se deteriora la aprobación al presidente y, además, las preferencias electorales hacia el PRI en las contiendas estatales que se están realizando en este momento.