Por Osvaldo Valencia
Foto: Archivo Agencia Es Imagen
El incremento en la inseguridad y la percepción de la gente sobre la misma, son los ilícitos que más han violentado los derechos de los poblados.
Lo anterior se desprende del avance preliminar sobre la situación de los derechos humanos en el estado de Puebla, que presentó el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria en la Universidad Iberoamericana campus Puebla.
En él se muestra, por ejemplo, que de las tres mil 168 denuncias que se interpusieron ante la Fiscalía General del Estado por violencia intrafamiliar solo 685 fueron consignadas, es decir, una de cada cuatro.
Las órdenes de protección para las mujeres fue otro de los rubros en donde la Fiscalia ha fallado, pues de las 21 mil 705 que se realizaron, sólo en 485 se giró la orden, únicamente 2.2% de las ocasiones.
Para esta situación la Fiscalía indicó –de acuerdo con el avance preliminar– que “a todas las mujeres se les hace de su conocimiento el del techo que tienen de acogerse al beneficio de que se dicte una orden de protección a su favor en virtud de tratarse de un derecho. La víctima tiene la libertad de acogerse a dicha protección por así convenga sus intereses”.
Justificación que calificaron como absurda pues, “si una mujer denuncia es porque quiere la protección de las autoridades”, apuntaron los investigadores del instituto.
Otro de los puntos que cuestionaron fue el dejar en manos del Ejército la seguridad de los municipios en donde se ha intensificado el robo de combustible abre la posibilidad de la militarización y la violación de los derechos humanos del estado.
Esperemos que sea por un tiempo definido, pero estaríamos hablando de la violación del derecho a la vida, el derecho a la libertad, y podríamos entrar en una posibilidad de que ciertos municipios se declarara estado de excepción”, señalaron.
Los avances de la investigación del Instituto colocan a Puebla como el primer lugar a nivel Nacional en robo de hidrocarburo durante 2016, con base en datos de seguridad física de Petróleos Mexicanos, con cuatro mil delitos de este tipo ese año, superior a los 785 ilícitos registrados en 2015.
Además., el estudio revela la relación entre el incremento de estos delitos y la participación de policías, autoridades y la falta de una estrategia preventiva en la demarcación del “corredor huachicolero”.