Por Berenice Martínez / Guadalupe Juárez
Después de los reflectores propios de un proceso electoral, los feminicidios se convirtieron en temas que se hablan de “manera personal”.
Las exigencias ante la Cámara de Diputados y ante las cámaras de televisión y micrófonos de radiodifusoras se esfumaron, dejaron ser justificaciones de protesta.
Después de contabilizar los votos en las urnas, la perredista Roxana Luna Porquillo, la priista Blanca Alcalá Ruiz y las diputadas Graciela Palomares y Xitlalic Ceja, entre otros personajes, abandonaron los escenarios y las campañas en redes sociales para exigir la Alerta de Violencia de Género contra la Mujer. Diez meses después, estos personajes admiten que no es necesaria, que el problema es más complejo. Pese a eso, el priista y aspirante a la gubernatura Juan Carlos Lastiri hoy pretende subirse al mismo barco.
La columna de esta casa editorial ¿Será? dio cuenta que el subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) teje una estrategia para responsabilizar de manera directa al gobierno morenovallista y la gestión de José Antonio Gali Fayad de ser omisos en cuanto a acciones gubernamentales, además de afectar la imagen de Martha Erika Alonso, secretaria general del CDE del PAN.
Voto y crítica
En plena campaña para la gubernatura del estado, en 2016 la candidata del PRD, Roxana Luna Porquillo, propuso crear una nueva fiscalía para atender los casos de feminicidios con expertos en la materia.
La abanderada acusaba al gobierno de Moreno Valle del nulo acceso a la justicia para menores de edad violentadas. Por ello planteó atender a este sector de la población con asistencia personalizada, servicio médico en casa, empleo y reactivar los ministerios públicos en los distritos judiciales.
Haciendo uso de las cámaras y micrófonos para promocionar su imagen gubernamental, Roxana Luna propuso también crear una agenda ciudadana integrada por organizaciones no gubernamentales, universidades y ciudadanos.
La ex candidata al gobierno de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz en 2016 se pronunció contra la ola de feminicidios, pidió un alto a la discriminación y acusó la falta de oportunidades para las mujeres.
En su campaña presentó un decálogo de compromisos para apoyar e impulsar a cada poblana, comprometiéndose a crear 500 centros comunitarios para mujeres embarazadas y de bajos recursos.
“Las mujeres me dicen que están cansadas de la discriminación y falta de oportunidades. Quieren que Puebla tome un nuevo rumbo. Estas son mis propuestas para mejorar su vida”, decía la priista. Pero las acciones no se concretaron y dichas exigencias no volvieron a ser públicas.
Prácticas parecidas a las de las candidatas a la gubernatura fueron secundadas por Graciela Palomares, a quien le dio frutos durante el proceso de 2015, cuando ganó un curul en la Cámara de Diputados.
Por su parte, Xitlalic Ceja García se pronunció en contra de una supuesta falta de sensibilidad del gobierno de Rafael Moreno Valle ante los feminicidios y que la alerta de género debió existir desde hace mucho. La joven priista acusaba un bloqueo a dicha alerta, pues exhibiría al gobierno del estado que presume de trabajar a favor de las mujeres. Sus declaraciones hoy día, carecen de esas exigencias.
La diputada federal suavizó la declaración de alerta de género en la entidad, por lo contrario dijo que no era la solución y debía estar acompañada por cambios a la ley y castigos más severos que disminuyan los casos de violencia contra la mujer.
“Para poder coadyuvar pongamos atención en este tema, no es que lo queramos politizar, por mi parte no lo haré, por respeto a las víctimas”, aseguró en una entrevista en el mes de febrero.
Otros dos personajes que han tocado sólo en tiempos políticos el tema son la ex diputada federal Violeta Lagunes Viveros, quien ha pedido junto a otros actores como el Movimiento de Alternativa Social (MAS) se active la Alerta de Género.
Otras mujeres entre los políticos que se sumaron a campañas relacionadas con el tema de medios de comunicación afines al PRI fueron Ana Teresa Aranda e inclusive la representante de la bancada priista, Silvia Tanús Osorio.
Ana Isabel Allende Cano, delegada en Puebla de la Secretaría de Gobernación, a principios de año solicitó al gobierno de José Antonio Gali Fayad cumplir con las recomendaciones que dejó pendiente su predecesor Rafael Moreno Valle.
A pesar de que la gestión morenovallista cumplió casi las 11 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional para Prevenir Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), pidió que una vez concluido el proceso de transición Gali culminara el procedimiento.
Aunque hace unos días evitó volver a pronunciarse al respecto ante los medios de comunicación, pues el propio titular de la Segob federal, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que la entidad había avanzado en la materia y que fortalecerían programas junto al gobierno estatal para disminuir la violencia en contra de las mujeres.