Bitácora
Por Pascal Beltrán del Río
Con motivo de las elecciones federales y locales de 2015, un grupo de organizaciones de la sociedad civil —encabezadas por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana— exhortó a los candidatos a hacer una declaración de sus bienes, el pago de sus contribuciones fiscales y sus potenciales conflictos de interés.
Dicha iniciativa se conoció como #3de3 y tuvo un éxito razonable en cuanto a contribuir al conocimiento de la información de interés público que la ciudadanía tiene sobre la trayectoria de las personas que aspiran a representarla o gobernarla.
Dos años después, el IMCO y Transparencia Mexicana vuelven a la carga —ahora junto con Coparmex— para buscar que los 21 candidatos a alguna de las tres gubernaturas que estarán en juego dentro de 17 días se comprometan a poner en práctica medidas concretas contra la corrupción en sus respectivos estados en caso de ganar los comicios.
Cada uno de los 11 compromisos que asumirán quienes firmen contiene una serie de métricas de cumplimiento elaboradas por dichas organizaciones.
Éstas piden, además, que los candidatos acepten realizar un reporte público de sus avances, acompañado de las modificaciones legales y administrativas necesarias para lograr los objetivos.
Las once acciones están integradas en tres grandes temas contra la corrupción:
La primera, publicar toda la información sobre presupuesto, auditorías, adquisiciones, pasivos con proveedores y deuda, así como la declaración #3de3 de todos los funcionarios de su administración que estén obligados a entregarla por disposición de la Ley General de Responsabilidades promulgada en 2016.
La segunda, el compromiso de impulsar un nuevo marco legal para adquisiciones y obra pública del gobierno estatal en cuestión.
Y la tercera, un sistema local anticorrupción, independiente y efectivo, asegurando que la integración del mismo se haga mediante procesos abiertos que den confianza a la sociedad.
Las tres organizaciones informaron que antes de la jornada electoral del 4 de junio darán a conocer los nombres de quienes firmaron la carta, misma que fue enviada el martes a los candidatos.
Personalmente, me parece una iniciativa magnífica. La posibilidad de contar con autoridades que sirvan a la sociedad de forma honorable y transparente tendrá que darse mediante un proceso largo y complicado pues hay que desmontar décadas de malas prácticas.
Hacer luz en la oscuridad será el resultado de un trabajo paciente de la sociedad civil que vaya venciendo los obstáculos que muchos de los políticos seguramente pondrán en el camino.
Los medios podemos contribuir en este esfuerzo divulgando lo más posible esta iniciativa y vigilando el cumplimiento de quienes la acepten.
Y los votantes pueden ayudar no eligiendo a quienes no se comprometan con estas medidas mínimas, pero indispensables.
Buscapiés
La elección de gobernador del Estado de México será la primera vuelta de los comicios presidenciales de 2018, dijo hace unos días un alto funcionario del gobierno federal. Tiene razón en algo: desde que hay votaciones competidas en México, los partidos o coaliciones que quedan del tercer lugar para abajo en la contienda para gobernador del Edomex nunca llegan a Los Pinos. Hasta ahora, la lucha por ver quién gana la Presidencia se ha dado entre los dos primeros.
Otro alto funcionario, avezado en el manejo de números, teme que los comicios del Estado de México —pero también los de 2018— terminen como los de hace dos años para renovar el ayuntamiento de Cuernavaca. Lo ilustró de la siguiente manera: “Cuauhtémoc Blanco ganó con 28% de los votos en una elección donde votó la mitad de los electores. Eso quiere decir que si se reúne a comer con siete personas, una sola de ellas habría votado por él; seguramente él mismo”.
Me llama la atención que las muestras de dolor y rabia que los periodistas expresamos por el asesinato de nuestros colegas Jonathan Rodríguez y Javier Valdez casi no hayan tenido eco en la población en general. Y el que la Conago se haya reunido sólo para hablar sobre los ataques a la prensa quizá tampoco haya ayudado. Concluyo que el gremio debe hacer más por explicar las razones por las cuales el homicidio de un periodista es un golpe a la sociedad entera, pues limita su capacidad de estar informada.