El Jefe de la Oficina del Gobernador de Puebla admite nexos de alcaldes con el robo de hidrocarburo; se reserva nombres pero se trataría de al menos dos
Por: Daniela Wachauf / 24 Horas
El vocero del gobierno de Puebla, Javier Lozano, confirmó que hay alcaldes vinculados en la compraventa de hidrocarburo ilícito en el llamado triángulo rojo de Puebla, que comprende los municipios de Quecholac, Acatzingo, Acajete, Palmar de Bravo, Tecamachalco y Tepeaca.
“Me parece deleznable que ellos estén acumulando poder económico, porque hay algunos alcaldes que son dueños de gasolineras de ese triángulo rojo. Es la cosa más perversa que uno se puede imaginar”, expresó el también senador con licencia.
A decir de Lozano, los alcaldes se dan protección a sabiendas de que compran combustible robado, lo cual lamentó.
Lozano no quiso detallar los nombres de los alcaldes vinculados con huachicoleros, pero según fuentes consultadas por este medio, se trata de al menos dos presidentes municipales.
Ayer 24 Horas dio a conocer que Petróleos Mexicanos (Pemex) notificó la cancelación de contratos a cuatro a gasolineras en los municipios de Palmar de Bravo y Quecholac, (dos en cada municipio), debido a que incurrieron en actividades ilícitas, entre ellas la compra de crudo ilegal.
Las fuentes consultadas destacaron que las estaciones de servicio de Palmar de Bravo pertenecen, presuntamente, al edil Pablo Morales Ugalde (emanado del Partido Social de Integración, de reciente creación), así como de su medio hermano Eduardo Morales.
Se prevé que en los próximos días las gasolineras de Huixcolotla y Cuyoaco también se hagan acreedoras a la cancelación de sus contratos.
“La de Cuyoaco es una de las más problemáticas, se ubica en la autopista Perote y tiene una réplica de gasolinera enfrente del mismo dueño y con la misma concesión (clonada). La propiedad es de familiares del presidente municipal, José Luis Rechy Tirado”, comentaron a 24 Horas.
Aún sin fiscalía. Sobre el anuncio que hizo la Procuraduría General de la República (PGR) de crear la Fiscalía Especializada para la Atención del Robo de Hidrocarburos a escala nacional, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso de la entidad, Mario Rincón, explicó que este organismo no solamente va a encargarse del hurto en ductos, sino de las implicaciones que ello ha tenido socioeconómicamente.
“Hay ramificaciones que derivan hacia la población; otras en autoridades. Sin duda hay investigaciones en curso hacia la propias gasolineras, aquí el tema es que el SAT debe encargarse de las gasolineras en específico”, refirió en una entrevista con 24 Horas.
Indicó que la PGR no ha nombrado aún al titular de dicha fiscalía, “el anuncio no debe tardar, porque se dio a conocer el 15 de mayo”, detalló el diputado panista.
Respecto a los operativos contra el robo de combustible, a la fecha suman 13 en lo que va del año y se logró identificar patrones e indicadores que ponen en alerta a las autoridades, informó el secretario de Hacienda, José Antonio Meade.
Por su parte, el miércoles pasado durante la gira de Peña Nieto en Quintana Roo, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que el gobierno federal va por las cabezas de los grupos de huachicoleros que operan en territorio nacional.
“Queremos dar con quienes son cabeza de todas estas organizaciones delictivas que incluso ponen a la población por el frente de sus actos y que la ponen en riesgo”, apuntó.
Investiga PGR a militares y SAT a empresas fantasma
El SAT investiga a 70 mil empresas presuntamente fantasma que han facturado alrededor de 900 millones de pesos por la compraventa de hidrocarburo robado, informó el titular del área, Osvaldo Santín Quiroz.
La indagatoria incluye también a las 12 mil gasolineras del país, en específico en Puebla, Tlaxcala, Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz.
El diario La Jornada precisa que el organismo comparará datos fiscales con información de Pemex para comprobar que las compras coincidan con las ventas declaradas.
PGR indaga a 30 militares. A la par, la PGR investiga a 30 integrantes del Ejército Mexicano por su participación en los hechos de Palmarito Tochapan el pasado 3 de mayo.
La dependencia analizará –indica el periódico El Universal– la supuesta ejecución de un civil por parte de un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como la agresión hacia un policía militar a manos de un presunto huachicolero.
Los presuntos implicados serán sometidos a interrogatorios, a los cuales la PGR llamará también a policías federales y personal de Seguridad Física de Pemex.
Como evidencia principal, la Procuraduría tiene el video original de las cámaras instaladas, al parecer, por los integrantes de una banda dedicada a la perforación de ductos de la petrolera y extracción del hidrocarburo en la zona para monitorear el paso de vehículos oficiales y estar alertas ante operativos.
La grabación corresponde a dos cámaras de vigilancia que habían sido instaladas en el cruce de las calles 10 Sur e Hidalgo, uno de los accesos principales a la población, donde las bandas dedicadas al robo de hidrocarburo tenían perspectivas distintas para monitorear el paso de convoyes militares y policiacos.
