El evento del miércoles 3 de mayo donde murieron cuatro militares y seis civiles acrecentó la polémica en medios
Redacción
La muerte de cuatro militares y seis civiles, resultado de dos enfrentamientos en Palmarito Tochapan –derivado del combate al robo de hidrocarburo–, fue el tema central de columnas en diarios de circulación nacional como Reforma, El Universal, Excélsior y Milenio.
Para Jorge Fernández Menéndez, quien hace unas semanas había revelado que esta actividad dejaba ganancias de hasta mil 600 millones de pesos mensuales, los hechos registrados en la junta auxiliar perteneciente a Quecholac, son la prueba fehaciente de que el país requiere de una ley de seguridad interior, como aquella estancada en San Lázaro y respaldada al menos por 10 mandatarios panistas.
“Esas son las circunstancias en donde es necesaria una intervención de fuerzas de seguridad que requieren de un marco legal especial para actuar y operar. Y esa posibilidad es la que nos quitaron los legisladores en el pasado periodo ordinario de sesiones”, relata en su espacio Razones, publicado en Excélsior.
Fernández Menéndez hace un recuento de los enfrentamientos entre pobladores y fuerzas de seguridad en el estado de Puebla, derivado de la lucha contra el robo de combustible: 22 en todo 2017, 12 contra elementos del Ejército, dos con agentes de la Policía Federal y ocho contra personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos.
“Cuando se dice que no es necesaria una ley de seguridad interior, o que lleva a la militarización de la sociedad, hay que volver a poner el acento en que sin esa ley el Estado va a un combate contra este tipo de fuerzas criminales en evidente desventaja legal. Quizás, eso es lo que quieren los que rechazan sacar adelante esa iniciativa”, refuta en su columna Jorge Fernández.
El robo de hidrocarburo parece ser consecuencia de manejos opacos en Pemex gracias a su líder sindical, Carlos Romero Deschamps, quien ha sido señalado de llevar una vida llena de lujos a costa de la empresa.
Francisco Zea, periodista de Excélsior, en su espacio Línea estratégica, asegura que el también senador de la República impidió la adquisición de un sistema que podía detectar y atender la disminución en la presión de los ductos de Pemex.
“En su momento, alerté de la intervención de Romero Deschamps, líder del sindicato de trabajadores petroleros, en el sentido de que impidió de forma sospechosa la compra de un sistema que podía en tiempo real, alertar de cualquier baja de presión en las tuberías de Petróleos Mexicanos. La compra que hizo Pemex fue de un sistema caduco e inoperable, además trascendió con fuerza que Romero fue el gran operador de esta gran ignominia”, menciona sin más detalles.
Por su parte Alejandro Hope, analista de seguridad, dijo que es necesaria una estrategia mucho más inteligente que enviar fuerzas armadas a la franja huachicolera en Puebla, que se centre en ajustes físicos, administrativos y legales.
“Hay que meter más controles en el mercado para evitar que el combustible robado acabe en gasolineras formales. Hay que dificultar la ordeña mediante adecuaciones físicas a los ductos y despliegue de tecnología. Hay que combatir la corrupción en Pemex. Hay que dar alternativas económicas a las comunidades que viven de y para el huachicol.
“(…) Hay que atacar la dinámica de la impunidad ¿No hay recursos para lidiar con todas las tomas clandestinas? Entonces declaren un tramo de ducto libre de huachicoleo y comprometan la capacidad necesaria para hacer realidad ese anuncio. Si el mensaje está bien comunicado, los huachicoleros no se acercarán a ese tramo, lo cual eventualmente liberará recursos para otros puntos. Y así nos vamos, gradualmente recuperando algo de control”, precisa en su espacio Plata o plomo que publica El Universal.
En el mismo sentido, Sergio Sarmiento en su columna Jaque Mate, publicada por Reforma, considera que ningún Estado puede darse el lujo de permitir robos “por necesidad” o “derecho adquirido”.
Critica que la Federación actuara tarde para atender el robo de hidrocarburo, al grado de registrarse muertes en enfrentamientos como el del miércoles pasado.
“El Estado mexicano, sin embargo, se ha tomado demasiado tiempo en reaccionar con fuerza al robo de combustible. (…) Si desde el primer momento el Estado hubiera actuado con vigor, no estaríamos viendo a huachicoleros que consideran que pueden hasta matar para preservar su derecho a ordeñar ductos”, apunta.
Para Juan Pablo Becerra-Acosta, la perforación y ordeña de ductos de Pemex refleja una grave descomposición social que ha provocado la expansión del crimen organizado en la República, donde pueblos enteros se benefician de esta actividad.
“Son poblaciones completas las involucradas, las sometidas por criminales: hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, menores de edad, todo mundo tiene dividendos de la extracción y venta de esos combustibles hurtados. Ahí está, a la vista de todos, a la vera de las carreteras, en la entrada de decenas de poblaciones, toda esa gente vendiendo cínicamente gasolinas y diésel robados”, refiere en Doble fondo de Milenio Diario.
El pasado miércoles, presuntos huachicoleros de Palmarito Tochapan utilizaron a mujeres y niños como escudos humanos para evitar que las fuerzas militares dispararan en el primero de dos enfrentamientos registrados.
LAS OPINIONES EN IMÁGENES
