Autoridades determinaron trasladar el gasto de 3.8 mdp diarios para atender tomas clandestinas directo a los clientes
Por Humberto Pérez Rodríguez
Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) gastan diariamente 3.8 millones de pesos para atender tomas clandestinas en sus ductos, hechas por células delictivas ligadas a cárteles del narcotráfico como Los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Ante esta situación, la petrolera mexicana y la CRE tomaron la decisión de trasladar ese costo al consumidor y que éste sea quien pague los daños ocasionados por los huachicoleros.
El gobierno de la República pretende cobrar un extra por cada litro de gasolina (Magna o Premium) o diésel que los clientes adquieran en las estaciones de servicio para subsanar las afectaciones en la infraestructura y recuperar pérdidas económicas, llamadas “pérdidas no operativas”, por ordeñas en los ductos de Pemex.
La CRE estableció en la resolución 179/2017 que Pemex Logística fijará un .95% del total de robo de combustible a las tarifas de traslado que cobre a empresas privadas por la prestación del servicio de almacenamiento y transportación de hidrocarburo, reveló al periódico El Universal.
El monto que la petrolera obtenga se destinará a la reparación de ductos perforados o dañados, el empleo de mano de obra, actualización de tecnologías y el reforzamiento de proyectos de seguridad para combatir este delito en el país.
La intención es que transnacionales interesadas en invertir en México eviten pagar o cubrir, mediante la renta por almacenamiento y transportación, el costo de los daños provocados por los chupaductos; así el cargo será para el consumidor final, añadió el rotativo.
Otro de los objetivos de la resolución 179/2017 es garantizar condiciones de seguridad para las transnacionales que planeen asentarse en territorio mexicano.
Mayor incertidumbre
Hace unos días, el periodista José Cárdenas reveló que el huachicoleo habría detenido la operación de gasolineras como ExxonMobil, Shell y Texaco, luego de que Pemex y la CRE pospusieran la “temporada abierta”, la cual prevé establecer contratos con firmas internacionales para distribuir derivados petroleros a través de sus ductos.
Ante la incertidumbre generada por los huachicoleros, las empresas extranjeras han descartado por el momento invertir miles de millones de dólares para usar las tuberías que han sido perforadas por los delincuentes.
El periodista explicó además que las compañías con intención de desembolsar grandes cantidades de dinero en el país han observado el cierre de las gasolineras de Pemex como consecuencia de la venta de combustible de procedencia ilícita y supuestas extorsiones o amenazas por parte del crimen organizado.
Tanto Pemex como la CRE precisaron en la resolución 179/2017 que las “perdidas no operativas” sólo podrán ser cargadas al consumidor siempre y cuando estas se registren a pesar de acciones de seguridad o preventivas de los transportistas, apuntó El Universal.
El gasto de 3.8 millones de pesos para evitar el robo de combustible fue avalado por la CRE en marzo del año pasado, donde se aprobó a Pemex Logística las tarifas para el transporte de petróleo, petrolíferos y petroquímico para el periodo 2016-2018.
La medida del gobierno federal aprobada en la resolución 179/2017 incrementará el precio de las gasolinas en Puebla, sobre todo en Palmar de Bravo y Quecholac, dos municipios con altos índices de hurto de hidrocarburo, que tendrán los precios más elevados a nivel nacional de Magna, Premium y diésel.
De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), ambas demarcaciones pertenecen a la zona que será conocida como “Distribución del Bajío”, donde el litro de Magna se vende hoy en 16.42 pesos, 18.18 para la Premium y 17.34 para el diésel, los precios más altos del país.