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De acuerdo con datos del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016, realizado por el INEGI, de un total de 15 mil 679 sanciones que se determinaron a los servidores públicos, el 29.8% fueron por omisión de la presentación de la declaración patrimonial.
Al respecto, Germán Reyna y Herrero, socio director de ARH Consultores, precisó que en el país cuatro mil 676 servidores públicos omiten su declaración patrimonial, lo que puede constituir la deposición del puesto frente a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida también como Ley 3de3.
El abogado detalló que el Censo 2016 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, también establece que la segunda causa que generan sanciones a servidores públicos es la negligencia administrativa, con un 15. 9%.
Abundó que tales resultados indican la falta de una cultura del blindaje por parte de los servidores públicos a nivel municipal, estatal o federal, quienes ante la carencia de una estrategia, probablemente prefieren omitir su declaración de bienes.
Ante este contexto, Reyna y Herrero explicó que para garantizar la transparencia de sus acciones, los funcionarios públicos deben contar con un blindaje que les brinde acciones de prevención.
