Bancadas del PAN, PRI, PVEM, PRD, PANAL y PES avalan la iniciativa del diputado panista, con lo que los chupaductos detenidos no alcanzarán fianza
Por Guadalupe Juárez y Mario Galeana
La Cámara de Diputados federal aprobó por mayoría el incremento en las penas por el robo de combustible a los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).
La modificación fue propuesta por el diputado poblano Eukid Castañón Herrera y avalada con el respaldo de las bancadas del PAN, PRI, PRD, Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza (Panal) y Encuentro Social (PES).
En la votación, sólo los grupos legislativos de Morena y Movimiento Ciudadano se opusieron al incremento de penas, pues consideraron que esto no disminuirá la incidencia de los delitos. Morena se abstuvo y MC votó en contra.
En total, la reforma fue aprobada por 321 votos a favor, 37 abstenciones y 18 en contra, durante una sesión ordinaria de la Cámara de Diputados realizada el 28 de abril pasado.
Penas de 30 años a huachicoleros
Los cambios contemplados relacionados con el aumento a las sentencias corresponden a los artículos 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, que entró en vigor desde enero de 2016.
Del artículo 8, por ejemplo, se propuso que de una pena de 15 a 25 años de prisión se eleve a 20 y 30 años, es decir, cinco años más a la sanción original, así como la multa establecida que pase de 15 mil a 25 mil salarios mínimos a 20 mil y 25 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA). Un estimado de un millón 200 mil 600 pesos a un millón 887 mil pesos.
La cantidad de tomas clandestinas se incrementó, puesto que de 102 casos registrados en 2004, para 2014 se contabilizaron cuatro mil 219.
Otra de las iniciativas impulsadas por Castañón Herrera, que aún está pendiente de aprobación en la Comisión de Gobernación en la Cámara baja, es la reforma al párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que a la fecha el Ministerio Público sólo puede solicitar al juez prisión preventiva en casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro y trata de personas.
Así como ilícitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos y “delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y la salud”.
Con la reforma a lo anterior se agregan todos los delitos en materia de hidrocarburos, lo cual incluiría tanto la perforación de ductos, traslado, almacenamiento, como la venta y compra del combustible hurtado.
De esta forma el Ministerio Público ya no tendría que solicitar a un juez la prisión preventiva, pues automáticamente las personas detenidas por estos delitos no podrían acceder a fianza ni continuar con el proceso en su contra en libertad, como ha sucedido en varias ocasiones.
Por ejemplo, de 2006 a 2015 se han detectado cerca de 11 mil 919 tomas clandestinas en todo el país, por lo cual se han abierto 10 mil 487 averiguaciones previas, con tres mil 803 detenidos, de los cuales mil 646 obtuvieron su libertad en el Ministerio Público, dos mil 250 fueron consignados, 614 fueron liberados por un juez y sólo mil 484 alcanzaron formal prisión.
En Puebla, la historia es similar: entre 2012 y 2016, las diferentes corporaciones locales lograron detener a 223 personas ligadas a la ordeña, traslado y comercialización de gasolina robada, de las cuales sólo 51 permanecen sujetas a algún proceso en centros de reinserción social. En otras palabras: ocho de cada 10 huachicoleros fueron liberados.
La discusión en el Pleno
Desde la tribuna legislativa de San Lázaro, Castañón Herrera expuso que con la prisión preventiva oficiosa se otorga una nueva “herramienta” al gobierno de la República, “para poder darle prisión a aquellas personas que cometen delitos en flagrancia”.
“Tengo también que expresar que lamentablemente para el pueblo de México esto ya no es un asunto estrictamente de delincuencia organizada. Hace rato escuché hablar a un diputado, que teníamos que legislar para la sociedad y para los ciudadanos y las ciudadanas. Señores, hoy niños y niñas están involucrados como halcones para cuidar a aquellos que sustraen y lucran con los hidrocarburos que pertenecen y son patrimonio del pueblo de México”, subrayó.
A nombre del grupo legislativo del PRI, el diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda dijo que la ley federal requería “penas que tienen que ser mucho más severas”, pues en ocasiones, los hechos relacionados al robo de combustible causan “pérdidas de vida en menores, en madres de familia, en personas que pierden su trabajo, porque inclusive después pretenden vincularlos a este tipo de delitos.
“Y cuando se tiene de viva voz el comentario de que hagan algo por nosotros y nos quedemos callados pensando en que no subir las penas, con eso no resolvemos, creo que estamos desviando la atención de lo que quiere el pueblo de México”, expuso.
Y es que, minutos antes, los diputados Alfredo Basurto Román (Morena) y Víctor Manuel Sánchez Orozco (MC) habían anticipado su rechazo al incremento en las penas, tras sostener que éstas poseían “tintes políticos” y no inhibirían la comisión de los delitos.
“En materia organizada, en contra del crimen organizado o delitos contra el narcotráfico, hay penas que se establecen hasta de 60 años y hoy en día yo les pregunto: ¿Ha servido de obstáculo para que se disminuya la comisión de delitos federales contra el narcotráfico? La respuesta que tenemos, en todo el país, es que se ha incrementado”, expuso Basurto.
“Lo que tenemos que decir es que no podemos estar legislando para grupos de interés, como muchos de ustedes lo están haciendo. El problema no es que estemos creando leyes e incrementando sanciones de manera mediática, el problema es que las instituciones que tienen que hacer su trabajo no lo han hecho”, agregó Sánchez Orozco.
En tanto, el presidente de la Comisión de Justicia, el priista César Alejandro Domínguez Domínguez, detalló que el año pasado los municipios con mayor número de tomas clandestinas fueron Altamira, con 207; Huimanguillo, con 116; Irapuato, con 106; Quecholac, con 88; Cárdenas, con 86; Tepeaca, con 81; Zapotlanejo, con 68; y Pénjamo, con 65.
El legislador Gonzalo Guízar Valladares (PES) agregó que, sólo en 2013, se presentaron dos mil 613 denuncias o reportes de tomas clandestinas. Para 2014, Pemex detectó cuatro mil 219 tomas más, es decir, 7.5 millones de barriles de combustible.
Tras la aprobación por mayoría de la modificación a los artículos 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos en San Lázaro, la reforma será turnada al Senado de la República para su discusión y, en su caso, aprobación. En caso de darse esta última, deberá ser enviada al Ejecutivo federal para su publicación al Diario Oficial de la Federación.
