Por: Mario Galeana / @MarioG24H
El gobierno de Enrique Peña Nieto actuó dos años tarde en el combate contra el robo de hidrocarburo en Puebla, acusó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia.
El presidente de esta última organización, Jesús Migoya Junco, exigió al gobierno federal castigar “con rigor” a los comerciantes, empresarios, funcionarios de Pemex y autoridades locales que sean cómplices de los grupos dedicados a la extracción ilegal de los ductos.
También negó que la administración de Rafael Moreno Valle haya sido responsable del incremento en este delito, pues dijo que las autoridades federales no atendieron a plenitud los reportes que el gobierno local enviaba mensualmente.
“De acuerdo con cifras oficiales, de enero de 2016 a febrero de 2017, el daño patrimonial a Pemex alcanzó 42 mil 268 millones de pesos y tan sólo en Puebla el monto ascendió a 19 mil 100 millones”, denunció en una conferencia ofrecida ayer.
Por su parte, el presidente del CCE, Carlos Montiel Solana, también consideró que la administración de Peña Nieto omitió desde hace dos años las denuncias relacionadas al robo de combustible, lo que ha propiciado la diversificación de otros delitos, como robo a transporte de carga, homicidios y secuestro.
En este sentido, el presidente en Puebla de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación (Canacintra), Horacio Peredo Elguera, señaló que en el municipio de Esperanza, dos tráileres de 40 toneladas son robados mensualmente mediante el uso de patrullas policiales “apócrifas”. Los robos ocurren durante la madrugada, pero no se tienen estimaciones sobre las pérdidas económicas.
“Son patrullas falsas, apócrifas. Pero los conductores no lo notan porque todo ocurre durante la noche y la madrugada. Se paran y es cuando los asaltan”, declaró.
Peredo Elguera señaló que los vehículos robados transportan alimentos perecederos e incluso autopartes, pero descartó que los ladrones puedan comercializar este último artículo en el mercado negro.
Montiel Solana reconoció que aunque no hay empresarios del CCE que se encuentren en el cinturón de robo de combustible, el traslado de mercancías hasta esta región se ha hecho “difícil”.
Acusó que, en cambio, los empresarios que poseen gasolineras en la región reportan una caída hasta de 50% en la venta de gasolina legal, por lo que exigió más operativos para detectar la venta de combustible robado en estaciones de Pemex.
Por su parte, el presidente de la asociación civil Justicia Ciudadana, Jordi Pahul Cacho, negó que la militarización en el robo de combustible pueda representar un riesgo. De hecho, consideró que, cuando las fuerzas policiales locales son rebasadas, lo más prudente es enviar a fuerzas castrenses para asumir la seguridad de la región.