Por Mario Galeana
La presunta ejecución extrajudicial de un integrante del crimen organizado en Palmarito Tochapan ha abierto un álgido debate entre organizaciones civiles de derechos humanos y políticos sobre la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, la cual regularía el uso de las fuerzas armadas en las tareas policiacas.
El ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, consideró que, de resultar cierto, lo acontecido en la junta auxiliar de Quecholac sería “un escándalo de proporciones muy graves”.
“Esta ley terminaría de legitimar lo que ha venido ocurriendo en los últimos diez años. Pero lo que está pasando es que en México, quienes están encargados del uso letal de la fuerza, como las Fuerzas Armadas, desempeñan funciones para las que no están capacitados”, declaró en entrevista con Carmen Aristegui.
En tanto, el presidente del Senado de la República, Pablo Escudero, solicitó a sus compañeros legisladores dictaminar lo más pronto posible la ley que integra “el uso legítimo de la fuerza” para el Ejército Mexicano y la Marina, sea para “repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva, agresiva o agresiva grave”.
De acuerdo con el diario Reforma, el senador envió oficios urgiendo la dictaminación de la ley a las comisiones de Seguridad Pública, Defensa Nacional, Marina, Gobernación y Estudios Legislativos Segunda.
Hasta ahora, hay tres iniciativas que pretenden regular la actuación de las Fuerzas Armadas, las cuales fueron presentadas por el senador pansita Roberto GIl Zuarth, el diputado priista César Camacho Quiroz y el senador por Morena Luis Miguel Barbosa Huerta.
Por su parte, el diputado federal poblano Víctor Giorgana Jiménez urgió la aprobación de la Ley de Seguridad Interior que, dijo, obligará al Ejército Mexicano a actuar con “estricto apego humano”.
De igual manera, el priista dijo que la aprobación del dictamen de la ley ha sido frenada por el PAN y el PRD, “en un instrumento de presión” para aprobar el mando único, bajo un modelo policial mixto en una entrevista en Oro Noticias.
Por otra parte, una nueva organización de derechos humanos de nombre Seguridad Sin Guerra dijo que, tras el enfrentamiento Palmarito Tochapan, la aprobación de la reforma en estudio sólo fomentaría más casos de ejecuciones extrajudiciales.
“En vez de legalizar lo ilegal, se debe hablar de un retiro programado de las Fuerzas Armadas y del fortalecimiento de las policías civiles a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, sostuvieron.
Sobre la grabación difundida ayer, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso del Estado, Mario Rincón González, señaló que los legisladores y las autoridades locales aguardan el peritaje que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) para autentificar la veracidad de la cinta.