La Organización Internacional urgió al presidente municipal de San Pedro Cholula, a garantizar el libre ejercicio periodístico, mientras que a Ignacio Molina Huerta, secretario general de la Comuna y quien presentó la demanda, le exigió abandonar el proceso jurídico
Staff 24 horas Puebla
La organización internacional Artículo 19 exigió a Ignacio Molina Huerta, secretario General del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, desistir de continuar con el proceso de demanda por daño moral en contra de Mario Galeana, periodista de esta casa editorial.
A través de un comunicado, la organización internacional de derechos humanos por la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información urgió al gobierno municipal de José Juan Espinosa Torres y al gobierno de Puebla promover y garantizar el libre ejercicio periodístico.
Artículo 19 pidió a la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del estado de Puebla intervenir en el proceso legal en contra del periodista y pronunciarse al respecto, en la medida de sus facultades.
“Urgimos al Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para que conozcan el caso, contacten al periodista y hagan lo necesario para protegerlo”, agregó la organización a través de una alerta emitida la noche de ayer.
En su pronunciamiento, Artículo 19 retoma una investigación que Mario Galeana realizó sobre irregularidades en la asignación de obra pública durante el gobierno de Espinosa Torres, donde se han visto favorecidos los contratistas Carina Meneses Escobar y Omar García Moreno.
“Dichos contratistas no se encontraban en el padrón de contratistas certificados por el Ayuntamiento, además, los domicilios fiscales eran inexistentes o conducían a predios que no correspondían a la empresa que supuestamente tendría que encontrarse ahí”, indicó la organización internacional.
Esa investigación fue el motivo por el que Molina Huerta decidió emprender un juicio civil por daño moral en contra del periodista. El funcionario asegura que, tras la publicación, “en la calle me llaman ‘ratero’, ‘corrupto’ y demás palabras y señas altisonantes, lo cual me ofende y me hace sentir sumamente mal, dada mi reputación y mi nombre”.
Artículo 19 subrayó que “las investigaciones o publicaciones realizadas por el periodista son discursos protegidos especialmente por su relación con el desarrollo de las instituciones democráticas”.
Por tanto, “los servidores públicos deben tener un umbral de tolerancia mayor hacia el trabajo de la prensa, en tanto que se encuentran inevitablemente sometidos a un escrutinio social mayor que otras personas.
“Se suma a este análisis la necesidad de someter la acusación de Molina Huerta al estándar de malicia efectiva, bajo el cual estaría obligado en su calidad de funcionario a acreditar que la información es falsa y que hubo intención de dañar al funcionario o negligencia inexcusable en la publicación”, dice el pronunciamiento.
La organización internacional exigió al Poder Judicial de Puebla retomar los estándares “más altos internacionales de protección de la libertad de expresión al momento de juzgar el caso”, que correrá a cargo de la Juez Primero de lo Civil de Cholula, Sandra Lucía Perea Iturriaga.
Puebla fue el cuarto estado a nivel nacional con más agresiones a la prensa en 2016, de acuerdo con el Informe Anual de Artículo 19 Libertades en Resistencia.
