Por Mario Galeana
Es el 22 de febrero de 2011 y el Congreso de Puebla se dispone a abrogar los términos penales “calumnia” y “difamación” del Código de Defensa Social. Su inclusión había permitido que, cinco años antes, la periodista Lydia Cacho fuera emboscada por un grupo de judiciales en Cancún, Quintana Roo, y traída hasta la capital poblana, un caso que terminó por generar un rechazo nacional al gobernador Mario Marín Torres.
Entre los 41 congresistas no hay dudas: ambos términos serán derogados. El debate se centra en las palabras que sustituirán a la calumnia y la difamación: el daño moral.
En la tribuna legislativa, un joven político apodado El Niño Naranja lanza un discurso conmovedor, aunque lleno de lugares comunes, con el que asegura que, prácticamente, sin prensa los funcionarios públicos no tendrían límites para actuar en el borde de la corrupción.
“La libertad de expresión permite que las personas puedan formarse su propia opinión pública, compararla con la de otras personas, evaluar libremente su adhesión a una y otra postura dentro del espectro político y tomar decisiones informadas en los asuntos que los conciernen. Ningún gobierno ni ninguno de nosotros tenemos el derecho de ser mezquinos en la defensa de las libertades de pensamiento y expresión, porque ellas pertenecen a todos los ciudadanos, no al poder”, pronuncia.
Es, ni más ni menos, José Juan Espinosa Torres: el mismo político que seis años después su “hombre leal” y secretario General del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Ignacio Molina Huerta, utilizó la reforma para demandar a un periodista.
“El blindaje, protección al honor y reputación de los funcionarios públicos es incompatible con el derecho a la libertad de expresión, pues en una sociedad democrática, los funcionarios públicos en lugar de recibir tal protección especial, deben estar expuestos a un mayor nivel de crítica que posibilite el deber público y el control democrático de sus actuaciones”, agrega.
La iniciativa que discute Espinosa Torres en la tribuna fue presentada por el gobernador Rafael Moreno Valle el 1 de febrero de 2011, su primer día de gobierno.
Aunque despenaliza los delitos de calumnia y difamación, la iniciativa presentada plantea sanciones económicas en contra de quien cometa daño moral, que es propuesta como “la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, sus afectos, creencias, su honor, su decoro, su prestigio o su reputación, sus aspectos físicos, vida privada, su libertad...”.
En los medios la llaman ya Ley mordaza. Y Espinosa Torres, aquel joven diputado, coincide: “¿Qué diferencia hay en privar de la libertad a una periodista durante un trayecto del estado de Quintana Roo al estado de Puebla? ¿Qué diferencia hay en arrebatarle el único patrimonio que tienen quienes practican el periodismo?”, cuestiona desde la tribuna.
El de Espinosa Torres es un discurso largo que queda registrado en el Diario de Debates de la Legislatura LVIII. El diputado de Convergencia no se guarda nada:
“... Se habla de sentimientos que son bienes intangibles; por lo que exijo se retire ese término del proyecto original. También se habla de las sanciones económicas que puede imponer un juez sin que hayan límites a las mismas, abriendo la posibilidad de arrebatar el único patrimonio que tengan...”, dice.
A su discurso –un poco heroico, teatral– le sigue la intervención de dos diputados, en donde se modera la iniciativa para dejar por sentado que las sanciones económicas no excederán los tres mil días de salario mínimo.
Y esta nueva modificación se aprueba con 39 votos a favor, uno en contra y una abstención.
Pero para el diputado Espinosa Torres no es suficiente: quiere que sean, como máximo, mil 500 días de salario. Sus intervenciones a favor de la prensa han sido notables a lo largo de toda la tarde.
Pero nadie en aquel recinto legislativo lo respalda y su propuesta es rechazada por 39 congresistas.
De todo eso –de la aprobación de la iniciativa, del discurso heroico, de la calumnia y la infamia– han pasado ya seis años y cuatro meses.
El joven diputado es ya el presidente municipal de San Pedro Cholula. No es El Niño Naranja, sino el primer alcalde de Morena en Puebla.
Y no es, mucho menos, aquel congresista que se opone al uso del poder en contra de la prensa. Porque para convertirse en todo lo que uno odió alguna vez no se necesita mucho tiempo.
Molina Huerta equivale a Espinosa Torres
Por Berenice Martínez
Se dice un hombre leal a José Juan Espinosa Torres. Tan leal que va a hacer lo que abone para su proyecto, al menos eso dice Ignacio Molina Huerta a medios de comunicación.
Los caminos del secretario General de San Pedro Cholula y el munícipe Espinosa Torres pudieron cruzarse desde 2012, cuando el primero fungía como asesor del entonces diputado de Movimiento Ciudadano (MC). No hay certeza del momento exacto, pero el vínculo entre ellos ha sido la política y ahora el gobierno municipal.
Tampoco se sabe si para seguir a Espinosa Torres a Morena saltó del barco naranja en el cual, hasta el año pasado, registraba 11 años de militancia, y del que alguna vez fue dirigente juvenil; pero, el 2 de junio en sus redes sociales se pronunció por una victoria de Morena en el Estado de México. Su pronóstico falló.
Su perfil de Facebook describe un poco de su personalidad. “Hipster treintañero”, así se define, entre posts de House Of Cards, canciones de Alejandro Fernández y su apoyo al equipo de futbol de Lobos BUAP.
El licenciado en Derecho como señala su currículum, que también indica su estancia en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados y dos legislaturas en el Congreso del estado, lleva consigo un historial de controversias.
Desde una denuncia en la Fepade por no pedir licencia de su cargo en la Presidencia de San Pedro para ser representante suplente de MC ante el Consejo distrital 10 del INE en 2015, hasta las rechiflas de inconformes en la junta auxiliar de San Matías Cocoyotla cuando se llevaba a cabo la jornada electoral, al acusarlo de no escuchar sus peticiones y de no otorgar una nueva fecha para los sufragios.